Transparencia Venezuela, Capítulo Mérida, entregó documento de petición de información al Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Complejo Recreacional de Mérida (COREMER), empresa propiedad de la gobernación del estado, sobre el uso de los espacios y servicios públicos en acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Mérida, efectuado el 3 de noviembre.
La profesora Christi Rangel, miembro de la organización, indicó que se quiere conocer las actuaciones de vigilancia que debe realizar el CNE sobre el financiamiento de los partidos políticos, esto ante el empleo de la plaza de Toros y vehículos del sistema de transporte público para un acto del PSUV. Hecho que evidencia como el gobierno nacional y regional utilizan los recursos del Estado para sus actividades personales.
«Estamos consultando al CNE sobre su obligación de vigilancia del financiamiento de la política porque la Constitución prohíbe financiamiento de los partidos con fondos públicos. Asimismo, a COREMER le estamos preguntando que en calidad de que se accedió al uso de la plaza de Toros para este acto de la militancia política delo PSUV, teniendo en cuenta que la ley prohíbe el uso de espacios públicos para favorecer a una parcialidad política», comunicó Rangel.
En este sentido, afirmó que la plaza de Toros puede ser alquilada para un evento de este tipo, si ese fue el caso, solicitan la información al respecto. «Queremos saber cuál fue el costo del alquiler y cuánto pagó el PSUV para esta juramentación», comentó la merideña.
Posición de los estudiantes universitarios sobre el uso de los espacios y servicios públicos
Angélica Ángel, estudiante de la Universidad de Los Andes (ULA), indicó que este uso arbitrario de los recursos al Estado pueden ser destinados al mejoramiento de los servicios públicos y la educación en Venezuela. Los mismos que están pasando por una crisis sin precedentes y que afecta a toda la población.
Expresó que es un hecho de corrupción utilizar las unidades de transporte público para el traslado de los afectos al régimen, cuando los estudiantes venezolanos no cuentan con este beneficio desde hace años. Lo que evidencia la desidia gubernamental hacia el sector educativo.
Por otro lado, solicita que se investigue los actos de violencia física y psicológica ocurridos el 3 de noviembre en las instalaciones de la ULA, cuando colectivos atacaron a cuatro estudiantes femeninas por sostener una pancarta.
