El lunes 14 de noviembre, el defensor de derechos humanos y director de la organización no gubernamental FundaRedes, Javier Tarazona, cumplió 500 días detenido arbitrariamente.
Durante una entrevista realizada por Provea, Clara Ramírez, abogada y coordinadora de documentación de FundaRedes, afirmó que la organización «no se va a callar»
El juicio contra Javier Tarazona y los activistas de la organización, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, estaba estipulado para el 18 de octubre. Sin embargo, este fue interrumpido, pues transcurrieron más de diez días hábiles sin que se diera la respectiva continuidad al juicio. «Se había iniciado la audiencia de juicio oral y público, pero en el mes de octubre fue interrumpida. El retardo procesal los mantiene en un limbo jurídico», declaró Ramírez
Asimismo, la abogada comentó que la intención del Estado al detener a Tarazona es callar e intimidar a los defensores de derechos humanos y que no se visibilice el trabajo de FundaRedes y de las organizaciones de la sociedad civil.
Estado de salud de Javier Tarazona
La salud de Tarazona se ha agravado desde su detención arbitraria. Antes de su arresto, Javier presentaba diferentes patologías, como hipertensión arterial, arritmia cardíaca, frecuencia cardíaca elevada, dislipemia, que todavía sufre. Sus familiares y FundaRedes han expresado en diferentes oportunidades su preocupación por la salud del defensor de derechos humanos.
«En marzo de este año, alertamos a la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas que Javier Tarazona es un preso con una salud totalmente comprometida y que nosotros no queremos que sea el próximo preso político que fallezca bajo custodia del Estado venezolano, o que sea el primer defensor de derechos humanos que fallece bajo custodia del Estado venezolano», aseguró Clara Ramírez.
En la entrevista, Ramírez denunció que Javier ha pasado meses totalmente aislado, sin poder comunicarse con sus familiares, con el equipo de FundaRedes o con sus abogados.
Diálogo en México y amnistía general
El inicio de un nuevo diálogo en México fue anunciado recientemente por el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Tras esto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso una «amnistía general».
Sin embargo, Clara Ramírez señaló que la situación de los presos políticos no ha sido un tema recurrente en negociaciones anteriores. «En 2021 confiábamos en que se hablara de su caso y se produjera su liberación. Sobre todo, teniendo en cuenta que, al ser un defensor de derechos humanos, suponía un gran costo político para el gobierno de Maduro», aseguró.
Ramírez comentó en la entrevista que en las conversaciones del 2021 no tocaron el tema de los más de 240 presos políticos, a pesar de los intentos de mencionar el caso de Tarazona. Igualmente, conservan esperanzas de que en esta oportunidad sea un tema llevado a la mesa de las negociaciones.
«Cuando el presidente Petro habló de amnistía, en un momento mencionó la frase amnistía general, y es eso lo que nos lleva a cuestionar, ¿una amnistía general para quienes? ¿Va a ser solo para los presos políticos o va a ser para aquellos funcionarios del Estado venezolano que quieren evadir la responsabilidad que tienen ante los organismos internacionales?».
