El equipo del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático para la Región CDDLatam y Fridays for Future Venezuela, junto al grupo de trabajo ambiental del Laboratorio Joven de Innovación Ciudadana (Youth Lab), se trasladaron a la localidad de Cabimas, en la costa oriental del lago de Maracaibo para documentar e investigar un nuevo derrame de petróleo, visibilizado el 21 de noviembre de 2022 a través de imágenes satelitales remotas, compartidas de forma pública a través de Twitter.
Gabriel Cabrera, director del CDDLatam señaló que dichos derrames petroleros son constantes y ocurren desde hace años, mientras el Estado no realiza ninguna acción para contener y mitigar el impacto ambiental en la zona.
«Hemos denunciado, durante los últimos 2 años, los constantes derrames petroleros causados por el desmantelamiento de torres petroleros para ser vendidas como chatarra y por la negligencia del Estado en la pésima administración de la empresa estatal PDVSA», destacó.
Los jóvenes informaron que han visitado sectores del estado Zulia durante 2 años, para documentar lo que llaman «una grave emergencia ambiental con efectos perversos en la emergencia humanitaria y el pleno desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales».
Derrame petrolero y la vulneración de derechos
Por su parte, Wandy Guaicara, coordinadora nacional del Youth LAB, hizo hincapié en cómo estos derrames petroleros representan una grave vulneración de derechos. Pues, según indicó Guaicara, causa más pobreza en las comunidades que susciten por la pesca, que se ve altamente afectada por la crisis de derrames petroleros.
Finalmente, Valmore Montiel, coordinador de Youth Lab en el estado Zulia, mencionó la importancia de generar propuestas en materia de políticas públicas para mitigar el impacto del cambio climático. Además, también señaló la relación con la extracción de combustibles fósiles y las constantes emisiones de CO2 emanadas de la industria petrolera.
Las organizaciones esperan presentar estas denuncias ante organismos de Naciones Unidas como prueba de las violaciones a los derechos humanos cometidas por acción y omisión del Estado venezolano con impacto directo en el cambio climático, salud pública y biodiversidad.
