El 25 de agosto de 2025, el gobierno venezolano anunció un despliegue militar reforzado en la frontera con Colombia. Según Diosdado Cabello, se trata de 15 mil funcionarios con apoyo de drones y refuerzos aéreos y fluviales en Zulia y Táchira, bajo el argumento de garantizar la paz y combatir el narcotráfico. Sin embargo, este tipo de operativos abre un debate clave: ¿la militarización realmente trae prosperidad y seguridad a la frontera o solo profundiza la desconfianza de quienes viven allí?
En La TV Calle investigamos qué significa la llamada zona binacional colombo-venezolana y conversamos con habitantes, expertos y organizaciones que advierten sobre las dudas, tensiones y riesgos que persisten en la región:
La frontera entre Venezuela y Colombia ha estado marcada históricamente por tensiones: disputas territoriales, conflictos internos y, más recientemente, un flujo migratorio sin precedentes. Desde que el Gobierno venezolano ordenó el cierre de los pasos fronterizos en 2015, seguido por el éxodo masivo hacia Colombia a partir de 2016, la región se convirtió en un punto neurálgico de la crisis. A esto se suma la presencia de grupos armados irregulares —como disidencias de las FARC y el ELN— que operan en ambos lados, con efectos directos en la seguridad local y el control territorial.
En medio de este panorama, las administraciones de Nicolás Maduro y Gustavo Petro han planteado la creación de una zona binacional como un esfuerzo conjunto para transformar la dinámica fronteriza. De acuerdo con declaraciones de Maduro, el objetivo es establecer un espacio de «paz y desarrollo integral», impulsando sectores como el comercio, la energía y la agricultura. También se ha señalado que esta iniciativa buscaría servir como mecanismo de sustitución de cultivos ilícitos, en particular los de coca.
La propuesta abarca estados venezolanos como Táchira y Zulia, y departamentos colombianos como Norte de Santander, Cesar y La Guajira. Sin embargo, su impacto en derechos humanos, especialmente para migrantes, trabajadores informales y poblaciones vulnerables, sigue siendo materia de análisis.
Voces desde la frontera
En Ureña, estado Táchira, La TV Calle conversó con habitantes locales sobre esta iniciativa. Sus testimonios reflejan desconocimiento, expectativa y, al mismo tiempo, profunda desconfianza.
“Realmente yo como ciudadana desconozco de qué se trata la zona binacional. He escuchado por ahí que se está tratando de formar (…) pero no sé si esto para nosotros, como ciudadanos, traerá algún tipo de beneficios. Ojalá que sea así, para que nuevamente se reactive la frontera como antiguamente estaba antes del cierre”, contó una habitante.
La mayoría de los habitantes hablan con reserva, piden no ser grabados y prefieren participar en anonimato, pues el miedo se ha apoderado de esta zona debido al amedrentamiento que han infundado los grupos armados irregulares que ocupan, desde hacer muchos años, este territorio.
Por su parte, otro poblador expresa su desconocimiento ante el tema.
“Pues realmente no tengo conocimiento respecto al tema. He escuchado, sí, que están formando una zona binacional y ojalá sea para el beneficio de nosotros los ciudadanos. Que ayude directamente al comercio, para que se pueda reactivar como en el tiempo de antes, cuando no habían hecho lo del cierre de la frontera”.
Para quienes vivieron la bonanza de los noventa, el anuncio trae recuerdos encontrados:
“La zona binacional, entre Venezuela y Colombia, en los años 90 era un emporio de comercio que beneficiaba a las dos partes y, a su vez, creaba fuentes de trabajo y muchos rubros que servían para la economía de ambos países. Pero desde hace aproximadamente 10 años esa relación binacional de comercio ha decaído mucho. Ahora que se va a formalizar de nuevo esa zona, que los dos gobiernos están procurando reestructurar (…). Bueno, para empezar, hay que ver con qué gobierno. Los actuales, tanto en la Casa de Nariño como en Miraflores, son los que han creado este caos. Tendría que venir un cambio, una transición económica y social diferente, para que podamos entender que esto realmente vaya a cambiar”.
Otros expresan un rechazo tajante:
“Eso no trae un convenio para el pueblo, simplemente es para ellos. Es un corredor de narcotraficantes, para el mayor flujo de exportación de drogas. Para más nada. (…) Si hubiera un convenio de llevar mercancía, de tener mercancía de lado y lado, ninguno de los dos puntos molesta. Vaya y venga, pero todos los dos puntos molestan. Tanto Colombia como Venezuela. Entonces, ¿qué garantía hay? Ninguna. Porque si usted va a ir a comprar algo para poder trabajar, tiene que pagar una coima”.
Las poblaciones que habitan a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia dependen en gran medida de una economía informal estrechamente ligada al comercio transfronterizo. El contrabando de productos, la venta de combustibles y otros bienes, así como el intercambio cotidiano de alimentos y servicios, son actividades que benefician a ambas naciones, pero que también alimentan una economía paralela sin regulación ni control fiscal, lo cual plantea un desafío serio a cualquier intento de formalización económica binacional.
Para el economista tachirense Aldo Contreras, entrevistado por La TV Calle, la zona económica binacional representa un reto para ambos países. En particular, para el estado Táchira implica la responsabilidad de incrementar sus exportaciones hacia Colombia.
“Venezuela exporta solo un 11%, y Colombia un 79%”, explicó Contreras
Por su parte, entre los posibles beneficios, Contreras menciona la generación de fuentes de empleo, el aumento del tránsito, el dinamismo comercial y el flujo de personas provenientes de otras regiones del país. Sin embargo, advierte que para que el acuerdo binacional sea realmente productivo, es indispensable reactivar las casas de cambio y establecer un acuerdo claro sobre aranceles e impuestos entre ambas naciones.
No obstante, el proceso no ha estado exento de críticas internas en Colombia. El presidente de la Asamblea Departamental de Norte de Santander, Gregorio Correa, manifestó su inconformidad ante la creación de la zona binacional. En una entrevista ofrecida a medios de comunicación colombianos, expresó:
“Se desconoce el contenido de este acuerdo, no se tomó en cuenta la opinión de comunidades fronterizas, los gobernantes no fueron invitados como dijeron, y no se ha realizado una consulta ante esto.”
Correa advirtió además que el acuerdo podría quedar sin efecto en los próximos años, ya sea por cambios de gobierno o por falta de resultados concretos.
¿Qué papel juegan los actores internacionales y los grupos armados en la frontera?
Nicolás Maduro ha sostenido que la cooperación militar y policial entre Venezuela y Colombia será clave para el éxito de la zona binacional. También ha mencionado que la participación de actores internacionales como China, India, Rusia y Turquía fortalecería la inversión en sectores estratégicos como el comercio, la energía y la agricultura en la frontera.
Sin embargo, esta visión oficial contrasta con las denuncias persistentes sobre el control territorial que ejercen grupos armados irregulares en distintas zonas de frontera.
Para Clara Ramírez, directora encargada de FundaRedes, en entrevista para La TV Calle, la frontera colombo-venezolana ha pasado de ser “la más dinámica de Latinoamérica” a convertirse en un espacio atravesado por la emergencia humanitaria y la consolidación de economías ilegales.
“Históricamente, a la frontera entre Colombia y Venezuela se le ha conocido como la más dinámica de Latinoamérica (…) por ese intercambio comercial tan fluido que nunca paraba. Sin embargo, hoy el dinamismo viene dado no por ese intercambio comercial, que ha cesado drásticamente sino por las actividades ilegales que lideran grupos armados irregulares y que se acentuaron con la emergencia humanitaria que arropa a Venezuela”, explicó.
Ramírez recordó que el cierre unilateral de los pasos fronterizos formales —en Táchira, Zulia, Apure y Amazonas— no solo debilitó la actividad económica, sino que fortaleció el negocio de los grupos irregulares. “Paralelo a los puentes formales, como el Simón Bolívar o el Francisco de Paula Santander, siempre existieron trochas. Pero con el cierre, esas rutas se volvieron más lucrativas: por allí transitaban habitantes de los estados de frontera que necesitaban cruzar a Colombia o viceversa, pero también droga, armas y víctimas de trata de personas. Incluso recursos extraídos ilegalmente del Arco Minero del Orinoco transitan hoy por esa frontera”.
Sobre el reciente memorándum de entendimiento entre Caracas y Bogotá, que busca crear una zona económica binacional de paz y desarrollo, Ramírez fue clara: el documento “ha dejado más dudas que certezas”. A su juicio, el texto no plantea mecanismos concretos ni responde a las necesidades de los pobladores. “Es una zona extremadamente violenta, con presencia de grupos armados irregulares y redes de delincuencia organizada. Sin embargo, al leer el memorándum no encontramos cómo se va a enfrentar esta realidad, ni cómo se garantizará seguridad y justicia”.
La directora interina de FundaRedes advirtió además que el Estado venezolano “no actúa para detener a los grupos armados en su territorio” y, en algunos casos, mantiene vínculos de tolerancia con ellos. “Lo que preocupa es que, con este acuerdo, en lugar de debilitarlos, se les termine legitimando o consolidando en la zona, con un impacto directo sobre las comunidades”.
Ramírez recordó también que desde la reapertura de la frontera en septiembre de 2022 se habían prometido mejoras económicas para los habitantes, pero esas expectativas no se cumplieron. “Se decía que la relación comercial iba a mejorar, y no ha sido así. Entonces, ¿qué garantías hay de que este nuevo memorándum beneficie realmente a las poblaciones fronterizas, si ni siquiera se consultó a quienes viven allí?”.
Además, un informe de HRW publicado el 28 de marzo de 2022 documentó abusos graves cometidos por estos grupos en Arauca (Colombia) y Apure (Venezuela) con prácticas como asesinatos, reclutamiento forzado, secuestros y extorsiones. Si bien Apure no forma parte de la zona binacional anunciada —que incluye Táchira y Zulia en Venezuela, y Norte de Santander, Cesar y La Guajira en Colombia—, el patrón de violencia registrado allí permite dimensionar los riesgos que enfrentan otras regiones fronterizas involucradas en el proyecto.
Aunque Maduro ha calificado la zona binacional como una “oportunidad histórica” para la integración y el desarrollo, hasta el momento no ha ofrecido detalles claros sobre cómo se enfrentará la presencia de actores armados irregulares en los territorios implicados, ni cuáles serán los mecanismos concretos para garantizar seguridad, justicia y protección de derechos humanos en las comunidades fronterizas.
Esa omisión institucional contrasta con una reciente advertencia del presidente colombiano Gustavo Petro, quien el 7 de agosto de 2025 reconoció públicamente que el conflicto armado entre el ELN y la Segunda Marquetalia ya ha dejado muertos en territorio venezolano.
El mandatario colombiano explicó que esta disputa entre grupos armados obedece al control territorial motivado por economías ilícitas, y advirtió sobre la escalada del conflicto, que compromete directamente la estabilidad de la frontera. Esta declaración representa un reconocimiento estatal inédito sobre la violencia transfronteriza en Venezuela, que hasta ahora había sido señalada principalmente por organizaciones como Fundaredes y Human Rights Watch.
Esta evidencia pública refuerza las dudas sobre la viabilidad de implementar un espacio binacional de desarrollo en regiones donde grupos armados disputan el control con capacidad de fuego, estructuras logísticas y dominio poblacional
Un acuerdo sobre una frontera que no ha dejado de ser tensa
Desde una perspectiva política, la frontera colombo-venezolana no puede entenderse únicamente como un espacio geográfico de tránsito, sino como un escenario donde se condensan décadas de fricciones diplomáticas, desconfianza mutua y narrativas de seguridad nacional. A lo largo del siglo XXI, los gobiernos de ambos países han proyectado sobre esta línea divisoria sus tensiones internas y sus prioridades en política exterior.
Durante el mandato de Juan Manuel Santos en Colombia (2010–2018), se observó un esfuerzo sostenido por reforzar la cooperación bilateral en torno a la lucha contra el narcotráfico y el paramilitarismo, elementos que históricamente han permeado las dinámicas transfronterizas. No obstante, desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro mantuvo un discurso marcado por la sospecha y la denuncia de una supuesta injerencia colombiana en los asuntos internos venezolanos. A esta narrativa se sumó la constante acusación de que Colombia servía de refugio y plataforma política para dirigentes opositores y sectores disidentes del chavismo.
Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia en 2022, se abrió un nuevo capítulo en la relación bilateral. El restablecimiento formal de vínculos diplomáticos permitió reactivar canales de comunicación política y, en particular, diseñar mecanismos conjuntos para regular el tránsito de mercancías y personas en una frontera marcada por la informalidad y la presencia de actores armados no estatales. Sin embargo, la reapertura diplomática no eliminó las tensiones estructurales: las percepciones de amenaza, los intereses divergentes en materia de seguridad y las narrativas políticas que ambos gobiernos utilizan para movilizar a sus respectivas audiencias internas continúan condicionando el alcance de los acuerdos alcanzados.
En este contexto, la implementación de un modelo binacional enfrenta el reto de sostenerse sobre bases institucionales sólidas en medio de un trasfondo de desconfianza histórica. La frontera sigue siendo, al mismo tiempo, un espacio de cooperación necesaria y un terreno de rivalidad latente entre dos Estados cuyas prioridades políticas y económicas continúan marcadas por la asimetría y la sospecha mutua.
Gracias por mantenernos informados con sus noticias bien completas