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SNTP exige derogar la Ley contra el Odio y advierte que su reforma mantiene amenazas a la libertad de expresión

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió la derogación total de la denominada Ley contra el Odio al considerar que la propuesta de reforma no elimina los mecanismos que han permitido perseguir judicialmente a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos por sus expresiones.

El gremio reconoció que la modificación plantea eliminar las penas de prisión, pero advirtió que esta medida resulta insuficiente mientras se mantengan conceptos amplios que podrían utilizarse para sancionar opiniones, investigaciones periodísticas o denuncias contra funcionarios públicos.

“La reforma de la Ley contra el Odio mantiene la capacidad del Estado de castigar expresiones protegidas, entrega nuevas facultades sancionadoras al Ejecutivo y deja sin respuesta las consecuencias de nueve años de persecución judicial”, señaló el SNTP.

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Entre las principales preocupaciones mencionadas por la organización se encuentra la permanencia de términos como “odio”, “hostigamiento”, “angustia” y “zozobra”, cuya falta de precisión podría facilitar interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades.

El sindicato advirtió que una investigación sobre la actuación de un funcionario o la publicación de una denuncia de corrupción podrían ser consideradas arbitrariamente como formas de hostigamiento. Esta posibilidad, según el gremio, mantendría vigente el riesgo de castigar contenidos amparados por el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

Multas que podrían comprometer la continuidad de los medios

La propuesta de reforma sustituye las penas de prisión por sanciones económicas y trabajo comunitario. Sin embargo, el SNTP considera que la magnitud de estas medidas también puede producir un efecto inhibidor sobre periodistas y medios independientes.

De acuerdo con la información difundida por la organización, el proyecto contempla multas equivalentes a entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de referencia. También prevé la imposición de hasta 600 horas de trabajo comunitario.

El sindicato alertó que estas sanciones podrían resultar impagables para periodistas independientes y pequeñas organizaciones informativas, ocasionar el cierre de medios o promover la autocensura ante el temor de enfrentar procedimientos administrativos.

“Eliminar las penas de prisión no basta cuando persisten definiciones ambiguas, multas capaces de asfixiar económicamente a periodistas y medios, y mecanismos que amenazan la libertad de expresión”, afirmó el SNTP.

La organización sostiene que el peligro no desaparece con el reemplazo de la cárcel por multas, porque se mantiene la capacidad estatal de sancionar expresiones públicas mediante criterios que considera poco precisos.

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