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Acceso a la Justicia pide revisar el baremo para aspirantes a magistrados del TSJ

La organización Acceso a la Justicia expresó varias observaciones sobre el baremo publicado por el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) para evaluar a las personas que aspiran a ocupar cargos como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La ONG valoró positivamente que los criterios fueran divulgados públicamente, debido a que se trata de la primera vez en 27 años que se conoce el sistema de puntuación aplicado a los candidatos. Sin embargo, consideró necesario revisar la ponderación de la experiencia, el desempeño profesional y la entrevista.

“Para Acceso a la Justicia, es positivo que por primera vez en 27 años se hagan públicos los criterios de evaluación. Sin embargo, desde un criterio técnico, observamos algunos aspectos que merecen revisión”, manifestó la organización.

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Baremo podría favorecer a quienes ocuparon cargos públicos

Entre las primeras observaciones se encuentra la valoración otorgada a las funciones desarrolladas dentro del Poder Judicial, organismos estatales y gobiernos universitarios.

Acceso a la Justicia señaló que estas actividades reciben una consideración más amplia que la experiencia acumulada mediante el libre ejercicio de la abogacía, una de las vías reconocidas en el artículo 263 de la Constitución para aspirar a un cargo dentro del máximo tribunal.

La organización advirtió que esta diferencia podría generar ventajas para quienes han desarrollado carreras institucionales dentro del Estado y colocar en una posición menos favorable a abogados con experiencia profesional independiente.

Otro de los cuestionamientos se relaciona con el peso concedido a la antigüedad. Según la ONG, el baremo entrega puntos por años de servicio judicial, pero no analiza suficientemente la calidad de las decisiones, la protección de los derechos humanos ni la independencia demostrada por los aspirantes.

Acceso a la Justicia recordó que en Venezuela no se realizan concursos públicos de oposición para ingresar a la judicatura desde 2003. En ese contexto, consideró preocupante que la permanencia dentro del sistema judicial pueda recibir una valoración superior al desempeño.

Entrevista concentra el mayor margen de discrecionalidad

La organización también alertó sobre la puntuación destinada a la entrevista, que representa 15 de los 100 puntos establecidos en el baremo.

De acuerdo con su análisis, este apartado no cuenta con criterios suficientemente precisos para evaluar conocimientos, independencia, imparcialidad y ética. A pesar de ser el componente que entrega la mayor cantidad de puntos, sería también el más discrecional.

Esta ausencia de parámetros, sostuvo la ONG, podría facilitar decisiones arbitrarias durante la evaluación de los aspirantes y dificultar la comparación objetiva entre sus perfiles.

“Para Acceso a la Justicia, lo fundamental no es solo cómo se distribuyen los puntos, sino qué méritos se valoran. La independencia judicial y la probidad no pueden evaluarse únicamente mediante una entrevista”, afirmó la organización.

La ONG recomendó establecer criterios y puntuaciones específicas para cada competencia examinada durante las entrevistas. También planteó utilizar preguntas y casos comparables, identificar públicamente a los evaluadores y divulgar tanto las interrogantes formuladas como los resultados obtenidos.

Piden garantizar igualdad entre los aspirantes

Acceso a la Justicia advirtió que el sistema de evaluación podría producir discriminación entre los candidatos al favorecer ciertas trayectorias institucionales frente a otras formas de experiencia profesional contempladas en la Constitución.

La organización insistió en que la selección de los nuevos magistrados debe estar acompañada por reglas claras, criterios verificables y mecanismos que reduzcan la subjetividad.

La publicación del baremo representa, a juicio de la ONG, un paso favorable en materia de acceso a la información. No obstante, su efectividad dependerá de que el proceso permita valorar de forma equilibrada la formación, la experiencia, la independencia, la probidad y el compromiso de los aspirantes con la protección de los derechos humanos.

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