El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, advirtió que el presunto ataque ejecutado por el Ejército venezolano contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Apure podría marcar un cambio en la relación mantenida durante años entre el Gobierno venezolano y el grupo armado colombiano.
La operación habría ocurrido el viernes 30 de octubre en el sector Buena Vista del Meta, municipio Pedro Camejo, cerca de la frontera con Colombia. Los primeros reportes fueron difundidos por la ONG Fundaredes y la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.
Murillo sostuvo que, de confirmarse la operación, el hecho abriría nuevas interrogantes sobre la evolución de los vínculos entre el ELN y el Estado venezolano después de los acontecimientos políticos del 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro.
El representante de Provea recordó que durante la gestión de Maduro se fortaleció la relación entre el Gobierno y la guerrilla colombiana. A su juicio, esta dinámica generó consecuencias para la seguridad nacional, las comunidades indígenas y los esfuerzos de paz desarrollados en Colombia.
Reportes preliminares señalan al menos nueve fallecidos
Fundaredes informó que sus activistas han documentado el traslado de nueve cadáveres desde el lugar del presunto bombardeo hasta San Fernando de Apure. Otros reportes elevan el posible balance a 19 fallecidos, pero esta cifra no ha sido confirmada por organismos oficiales.
La organización exigió a las autoridades ofrecer información sobre el alcance de la operación, el número de víctimas y sus posibles efectos sobre las comunidades cercanas. También alertó sobre el riesgo de que la violencia genere desplazamientos o represalias contra la población civil.
Rocío San Miguel señaló que el hecho podría representar un cambio en la actuación de la Fuerza Armada frente a grupos irregulares que han mantenido presencia en territorio venezolano. También advirtió sobre sus posibles consecuencias humanitarias y el aumento de las tensiones en la frontera.





