La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) instaron al Estado venezolano a derogar la denominada Ley contra el Odio y cualquier otra disposición que pueda utilizarse para censurar, sancionar o perseguir la difusión de información.
El pronunciamiento fue divulgado el 28 de octubre, en medio del proceso adelantado por la Asamblea Nacional para reformar parcialmente la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, vigente desde 2017.
Para la CIDH y la RELE, una modificación parcial no sería suficiente para subsanar los problemas de origen de la norma, sus restricciones desproporcionadas ni las incompatibilidades señaladas con los estándares internacionales de derechos humanos.
Ambos organismos también exhortaron al Parlamento a desarrollar una discusión pública, transparente y participativa que incluya a organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación y otros sectores que podrían resultar afectados.
Al menos 85 casos documentados desde 2017
De acuerdo con reportes públicos citados por los organismos interamericanos, entre 2017 y octubre de 2025 se registraron 85 casos relacionados con presuntos delitos de odio contra personas y medios de comunicación.
Entre los afectados figuran 49 periodistas, trabajadores de medios y comunicadores, además de siete medios de comunicación. En 65 de los casos documentados se habría invocado específicamente la Ley contra el Odio.
La CIDH y la RELE sostuvieron que la legislación contiene conceptos amplios y ambiguos que pueden facilitar interpretaciones restrictivas. También expresaron preocupación por las obligaciones impuestas a los medios, entre ellas la posibilidad de retirar información de interés público, así como por las facultades concedidas al Estado para imponer contenidos.
Según el comunicado, el uso selectivo de la normativa para sancionar expresiones críticas se agravó después de las elecciones de 2024, cuando se denunció su aplicación contra personas percibidas como opositoras.
Advierten riesgos de censura y autocensura
Los organismos recordaron que las restricciones a la libertad de expresión no se limitan a condenas penales. Las normas vagas también pueden ocasionar actuaciones arbitrarias, inhibir la participación en asuntos públicos y generar autocensura.
Por esa razón, reiteraron su llamado a derogar toda disposición que restrinja indebidamente la libertad de expresión, incluida la Ley contra el Odio, y solicitaron que cualquier regulación futura se ajuste a los estándares interamericanos.




