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Maltrato animal en Venezuela: el reclamo por una reforma penal


El debate sobre la Ley del Trato Digno y Reconocimiento para los Animales de Compañía mantiene una exigencia de las organizaciones defensoras de los animales en Venezuela: que el maltrato deje de abordarse únicamente mediante sanciones administrativas y sea tipificado como delito penal.

Desde el estado Anzoátegui, Obdalys Salazar, directora de la Fundación Festival de Huellas, y Oriani Moreno, de Planeta Animal Rescue y fundadora del Bloque Unido de Defensa Animal de Venezuela, expusieron sus planteamientos sobre la discusión de la propuesta legislativa y solicitaron que se avance en una reforma del Código Penal que permita imponer penas de prisión a quienes maltraten animales.

Salazar señaló que la legislación vigente, aprobada en 2010, tiene limitaciones para sancionar este tipo de conductas. A su juicio, las medidas contempladas no ofrecen una respuesta suficiente ante los casos de maltrato animal registrados en el país.

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“Esta ley ya quedó prácticamente inactiva, porque sus sanciones no llevan a cárcel más allá de ocho días”, afirmó, al referirse a las disposiciones que, según explicó, se aplican actualmente.

La activista sostuvo que la nueva legislación no debe limitarse a establecer sanciones administrativas o servicios comunitarios. En cambio, insistió en la necesidad de modificar el Código Penal para que los responsables puedan recibir sanciones penales.

Los casos que mantienen la exigencia


En esta entidad oriental, las defensoras de los animales mencionaron episodios que, según señalaron, mantienen vigente el reclamo de justicia. Entre ellos se encuentra el caso de un oso melero presuntamente maltratado en las inmediaciones de la avenida Costanera de Barcelona, sobre el cual Salazar manifestó que no han recibido información suficiente acerca de sus resultados.

“Seguimos buscando justicia. ¿Qué ha pasado con el caso del oso melero cerquita acá de la Costanera? No hemos sabido qué pasó con el oso, con las personas que en teoría habían participado en ese acto”, expresó.

La directora de la Fundación Festival de Huellas también recordó el caso nacional de una tortuga que fue pintada de azul en una actividad política. Ambos episodios fueron presentados como ejemplos.

Moreno, por su parte, hizo referencia a un caso ocurrido en el estado Portuguesa, en el que, de acuerdo con su relato, una persona hirió con un machete a un perro en el rostro. La activista cuestionó que hechos de esa naturaleza puedan resolverse únicamente mediante medidas administrativas.

“Ese tipo de personas no puede pagar con sanciones administrativas, debe y tiene que ir a prisión”, manifestó.

Para Moreno, la posibilidad de establecer responsabilidades penales constituye una herramienta para enfrentar los casos de maltrato animal que se registran en distintas regiones del país.

Más de 7.200 firmas reunidas en Anzoátegui



La exigencia de las organizaciones también se apoya en la participación ciudadana. Moreno recordó que en 2023 se recogieron más de 7.200 firmas en Anzoátegui durante la campaña “Yo sí firmo contra el maltrato animal”.

Según explicó, el Bloque Unido de Defensa Animal de Venezuela lleva ese respaldo a las discusiones sobre la nueva legislación ante la Asamblea Nacional.

Salazar también destacó la participación de los ciudadanos en la campaña y señaló que la recolección de firmas contribuyó a impulsar el reclamo por una legislación que responda a los casos de maltrato.

En tanto, Moreno indicó que las discusiones técnicas habían registrado consensos en las mesas de salud y técnica, mientras que todavía quedaban ajustes pendientes en la mesa jurídica para terminar de definir el maltrato animal como delito.

La activista presentó estos avances como parte del proceso de discusión y aclaró que las organizaciones mantendrán su exigencia de una reforma penal, incluso si la nueva ley representa un avance parcial.

La reforma penal, una exigencia pendiente



Moreno sostuvo que el maltrato animal debe quedar tipificado como un delito penal autónomo. En su planteamiento, esto permitiría que las conductas de violencia contra los animales tengan consecuencias penales específicas y no dependan únicamente de sanciones administrativas.

Las organizaciones esperan que el proceso legislativo incorpore sus planteamientos y que la discusión no concluya únicamente con medidas administrativas o trabajos comunitarios.

“Ahora mismo vamos a aceptar esta victoria que va a ser parcial para los animales, pero seguiremos insistiendo en que el Estado debe reformar el Código Penal para que el maltrato sea tipificado como un delito penal autónomo”, señaló Moreno.

Mientras continúan las discusiones, las activistas mantienen el llamado a la ciudadanía y a los diputados para que la protección animal se traduzca en mecanismos de sanción penal contra quienes incurran en estas conductas.

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