El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE) denunció la posible desaparición forzada de Orlando Ramírez, dirigente sindical del Ministerio de Transporte, cuyo paradero se desconoce desde el 8 de septiembre.
De acuerdo con la organización, Ramírez habría sido detenido después de participar en una manifestación frente a la sede del Ministerio de Transporte, en Caracas, donde trabajadores reclamaban mejoras y reivindicaciones laborales.
Antes de perder la comunicación, el dirigente habría enviado un mensaje a una compañera para informarle que se encontraba detenido, aunque no precisó el lugar al que había sido trasladado. Desde ese momento, sus familiares, allegados y compañeros aseguran que no han recibido información oficial sobre su ubicación, situación jurídica o condiciones de salud.
Representantes de la Coalición Nacional Sindical señalaron que han acudido a diferentes centros de reclusión para solicitar información. Sin embargo, indicaron que las autoridades consultadas no han confirmado dónde se encuentra Ramírez. Los sindicalistas presumen que podría estar recluido en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en Las Acacias, Caracas, pero esta información no ha sido confirmada oficialmente.
Gremios acudieron a la Defensoría del Pueblo
El 2 de octubre, integrantes de la Coalición Sindical Nacional se concentraron frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, en la avenida Urdaneta de Caracas, para denunciar la presunta detención y exigir una respuesta sobre el paradero del dirigente.
Ángel García, secretario de Reclamos del Sindicato Nacional de Funcionarios Públicos del Ministerio de Transporte, informó que entregaron una comunicación dirigida a la defensora del Pueblo, Egleé González Lobato, en la que solicitaron conocer las razones de la detención y las condiciones en las que se encontraría Ramírez.
Los representantes sindicales anunciaron que continuarán recorriendo diferentes instalaciones policiales y militares hasta obtener información verificable. También solicitaron a la Fiscalía que investigue el caso y garantice el acceso de familiares y abogados.




