El deterioro de los servicios públicos, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para cubrir la alimentación han colocado a más del 80 % de la población del estado Lara en una situación de pobreza multidimensional, según el informe correspondiente a septiembre de 2026 del Observatorio de Bienes y Servicios del Estado Lara (OBSEL).
El reporte presenta un panorama marcado por las interrupciones prolongadas del servicio eléctrico, las deficiencias en la distribución de agua potable, el incremento de los costos del transporte y una creciente conflictividad social.
OBSEL sostiene que la combinación de estas carencias afecta de manera simultánea la alimentación, la salud, la educación, la movilidad y las condiciones de vida de las familias larenses. Los trabajadores del sector público se encuentran entre los grupos más perjudicados por la acelerada devaluación de sus ingresos.
De acuerdo con el observatorio, la canasta alimentaria alcanzó un valor aproximado de 741 dólares mensuales, una cantidad que se encuentra fuera del alcance de la mayoría de los hogares.
Salario mínimo frente a una canasta de 741 dólares
El informe advierte que el salario mínimo continúa fijado en 130 bolívares, monto que para el cierre del período analizado equivalía aproximadamente a 0,15 dólares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
La diferencia entre los ingresos y el costo de los alimentos reduce diariamente la capacidad de compra de los trabajadores, especialmente de quienes dependen de remuneraciones provenientes de la administración pública.
Ante la velocidad de la devaluación y el avance de los precios, OBSEL propuso implementar un sistema de pago semanal del salario integral. La organización considera que acortar los períodos de pago podría disminuir parcialmente la pérdida de valor que experimentan los ingresos antes de que los trabajadores puedan utilizarlos.
El observatorio también insistió en que la pobreza en Lara no puede analizarse únicamente desde los ingresos, debido a que las fallas de electricidad, agua, transporte, salud y educación obligan a las familias a asumir gastos adicionales.
Salud y educación también reflejan el deterioro
La situación de los servicios públicos ha generado nuevas manifestaciones ciudadanas en Lara. Pacientes renales continuaron protestando para exigir atención médica adecuada y la operatividad de las unidades de diálisis.
En el ámbito educativo, OBSEL calculó que una familia puede necesitar alrededor de 150 dólares únicamente para adquirir uniformes escolares. A esta cantidad deben añadirse los útiles, el transporte y otros gastos relacionados con el inicio del período académico.
Los cortes eléctricos también interfieren en las actividades escolares, afectan la conectividad y dificultan la conservación de alimentos en los hogares.
Durante septiembre se contabilizaron más de 40 protestas en la entidad. Las principales demandas estuvieron relacionadas con las fallas de electricidad y agua, las reivindicaciones salariales y las solicitudes de libertad para los presos políticos.
