La organización Acceso a la Justicia presentó una propuesta de baremo para evaluar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en medio del proceso planteado para renovar la máxima instancia judicial venezolana.
El documento, no se limita a establecer un sistema de puntuación para los postulados, sino que incorpora recomendaciones destinadas a aumentar la transparencia durante la selección, entre ellas la participación de la sociedad civil, la posibilidad de observación internacional y la publicación de las distintas etapas del procedimiento.
La iniciativa surge en el contexto de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación entre representantes del oficialismo y sectores de la oposición, que incluyeron la renovación de los magistrados del TSJ. Acceso a la Justicia sostiene que el nuevo proceso debería garantizar la aplicación de las exigencias constitucionales y conducir a la escogencia de “magistrados independientes e imparciales”.
La organización también cuestionó los mecanismos empleados en procesos anteriores. Según su evaluación, no existen baremos públicos conocidos que permitan determinar con qué criterios fueron examinados los candidatos en designaciones previas, por lo que considera necesario que esta vez el procedimiento pueda ser conocido y seguido por la ciudadanía.
¿Qué propone el baremo para evaluar a los candidatos?
Para elaborar su propuesta, Acceso a la Justicia tomó como punto de partida los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano y revisó metodologías utilizadas para la selección judicial en países como España, México, El Salvador, Chile y Guatemala. La organización aclaró, sin embargo, que esos modelos no pueden trasladarse íntegramente a Venezuela debido a las particularidades de su sistema judicial.
Como requisitos personales previos, el documento establece que los aspirantes deben ser venezolanos por nacimiento y no poseer otra nacionalidad, carecer de antecedentes penales y no tener militancia político-partidista. El incumplimiento de alguno de estos criterios impediría, según la propuesta, avanzar hacia la etapa de evaluación.
En el ámbito profesional, el baremo contempla tres posibles perfiles: ejercicio profesional, académico y judicial. Entre los elementos considerados están los años de experiencia, estudios de posgrado, trayectoria como profesor de ciencias jurídicas y experiencia dentro de la carrera judicial. Si un aspirante reúne más de uno de estos perfiles, la puntuación podría acumularse.
También se incluye un componente de honorabilidad. La organización plantea considerar aspectos como antecedentes disciplinarios, señalamientos contenidos en informes especializados sobre derechos humanos, denuncias por violencia contra la mujer, faltas a deberes judiciales o denuncias de plagio académico. En el sistema propuesto, determinados elementos podrían restar puntuación, mientras una condena penal supondría el rechazo de la postulación.
Formación, experiencia y producción jurídica también sumarían puntos
La matriz desarrollada por Acceso a la Justicia asigna puntuaciones adicionales a la formación y trayectoria de los candidatos. Entre los factores incluidos aparecen estudios de especialización, maestrías, doctorados y posdoctorados; experiencia docente; publicaciones y libros jurídicos; participación en proyectos normativos; trayectoria en materia de derechos humanos y experiencia en arbitraje o mediación.
El documento establece tres rangos para el resultado final de la evaluación: entre 15 y 25 puntos sería considerado “suficiente”; entre 26 y 50, “satisfactorio”; y entre 51 y 100 puntos, “óptimo”.
Sin embargo, el planteamiento va más allá de la puntuación individual. La ONG propone que el proceso de selección permita la presencia de la sociedad civil como observadora y la asistencia técnica u observación de organismos internacionales, mencionando entre ellos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, plantea que sean públicos el cronograma del Comité de Postulaciones Judiciales, los requisitos y vacantes disponibles, el baremo aprobado, la lista de aspirantes, las entrevistas, las impugnaciones y sus decisiones, así como las calificaciones obtenidas por cada candidato.
