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“El sueldo de 130 Bs es una humillante aberración económica”: trabajadores marcharon en Mérida en exigencia de salarios dignos

El 25 de septiembre, trabajadores, jubilados y pensionados del sector público marcharon en la ciudad de Mérida en exigencia de salarios dignos que cubran la canasta básica y el respeto a los derechos laborales.

Pablo Guerrero, miembro de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial del Estado Mérida, señaló para La TV Calle que la marcha cumple con el objetivo de recordarle al Gobierno que debe cumplir con el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que “todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas”. 

A su criterio, esta garantía constitucional no se está cumpliendo debido a que “hay personas pasando hambre” por el irrisorio sueldo que reciben. 

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“El Estado debe cumplir con todos los beneficios sociales a los cuales tenemos derecho todos los venezolanos. El sueldo base de 130 bolívares es una humillante aberración económica”, señaló el vocero. En este sentido, aseguró que los ciudadanos seguirán exigiendo el respeto a los derechos humanos, entre ellos las reivindicaciones laborales.

Exigen salario de 750 dólares

Por su parte, Hernán Rodríguez, profesor universitario y asesor del Comité de Conflicto del estado Mérida, indicó que los trabajadores reclaman un salario real, contemplado en la Constitución, que cubra los 757 dólares mensuales que cuesta la canasta básica alimentaria, según el último reporte del Cendas-FVM.

“La Constitución habla de un salario mínimo vital. No habla de un ingreso integral. Lamentablemente este gobierno ha disfrazado un eufemismo a través de un ingreso integral que no tiene incidencia en las prestaciones laborales”, dijo el docente.

Asimismo, Rodríguez señaló que el Estado ha firmado acuerdos petroleros con otros países, ingresos que, a su juicio, deben estar destinados al bienestar de la población y a saldar la deuda social que mantiene el Ejecutivo nacional con los ciudadanos.

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