El caso del exalcalde del municipio Torres, Javier Oropeza, sigue generando fuerte conmoción en la opinión pública nacional tras revelarse nuevos testimonios sobre su retorno al país. Oropeza, quien había permanecido más de dos años en el exilio en España tras los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales de julio de 2024, decidió regresar a Venezuela tras recibir el sobreseimiento oficial de su causa judicial.
El exmandatario local, narró los graves episodios de hostigamiento que sufrió su entorno cercano, confesando que la persecución oficial fue tan implacable que sus propias hijas tuvieron que permanecer ocultas y en resguardo durante cuatro días completos tras aquellos comicios electorales debido al asedio de los cuerpos de seguridad.
A pesar del clima hostil y de haber formalizado su situación legal ante los tribunales junto a su familia, Oropeza fue interceptado de manera arbitraria el pasado jueves 17 de septiembre en Barquisimeto, justo al salir de una entrevista en medios de comunicación locales, la acción policial desató una ola inmediata de rechazo político y ciudadano. 
Al respecto, el abogado y exfiscal Zair Mundaray denunció públicamente que el aparato judicial actuó bajo consignas arbitrarias para otorgarle una fachada legal al secuestro del dirigente. Mundaray expuso que a Oropeza se le pretendió imputar infundadamente por el delito de «homicidio intencional en calidad de coautor», advirtiendo firmemente que «el aparato criminal está intacto» y que las medidas restrictivas impuestas buscan anularlo políticamente.
Gracias a la fuerte presión cívica, la movilización de la sociedad civil y las gestiones de la plataforma democrática, Oropeza fue excarcelado horas más tarde, a las puertas del tribunal, reafirmó su convicción inquebrantable con un mensaje contundente: «Seguimos en la lucha y el trabajo por Venezuela», dejando en claro que ni el exilio ni las detenciones arbitrarias lograrán doblegar su compromiso con Carora y el estado Lara.
