Un grupo de organizaciones venezolanas manifestó su respaldo a la organización Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) y a su representante, Andrés Colmenarez, ante lo que calificaron como una campaña de hostigamiento y descalificación vinculada con su trabajo de documentación y denuncia de presuntas violaciones de derechos humanos en el estado Lara.
En un comunicado fechado el 22 de septiembre, las organizaciones firmantes advirtieron que convertir a defensores de derechos humanos en blanco de señalamientos personales puede generar consecuencias más amplias para víctimas, familiares, periodistas, activistas y otras organizaciones que evalúan los riesgos de hacer públicas sus denuncias.
El documento sostiene que el trabajo de las organizaciones de derechos humanos incluye acompañar a víctimas, documentar posibles abusos, preservar información, activar mecanismos de protección y solicitar investigaciones que permitan determinar responsabilidades.
En ese contexto, las organizaciones defendieron la denuncia pública como una herramienta utilizada cuando las vías institucionales no ofrecen respuestas suficientes y subrayaron que esta no sustituye una investigación judicial ni implica por sí misma una condena.
“La respuesta democrática frente a una denuncia de derechos humanos debe ser investigar los hechos, garantizar el debido proceso y ofrecer respuestas institucionales, nunca intimidar o desacreditar a quien denuncia”, señala el comunicado.
Funpaz ha participado previamente en acciones de documentación y denuncia sobre presuntas violaciones de derechos humanos en Lara, y recientemente figuró entre las organizaciones que solicitaron investigar denuncias vinculadas con supuestos casos de tortura, persecución y tratos crueles en esa entidad.
Organizaciones advierten sobre garantías para quienes defienden derechos humanos
Los firmantes consideran que el caso adquiere especial relevancia en medio del debate sobre posibles cambios institucionales y políticos en Venezuela. A su juicio, cualquier proceso de normalización debe medirse también por la existencia de garantías para que víctimas, organizaciones y defensores puedan denunciar y documentar hechos sin temor a represalias.
“La existencia de algunos gestos de apertura o cambios en determinadas políticas no puede confundirse con la existencia de garantías estructurales para el ejercicio de los derechos humanos”, expresa el texto.
El comunicado agrega que una transformación institucional debería poder verificarse mediante condiciones concretas: que una víctima pueda denunciar, que una organización pueda documentar y que un defensor pueda identificar presuntas responsabilidades sin enfrentar represalias por hacerlo.
Las organizaciones también expresaron respaldo al trabajo de Funpaz, Andrés Colmenarez y otras agrupaciones de derechos humanos del estado Lara, al tiempo que recordaron que la protección de los defensores forma parte de las responsabilidades del Estado.
