Más de 10.000 plazas del sistema penitenciario venezolano permanecen fuera de funcionamiento, mientras cárceles y centros de detención preventiva continúan enfrentando elevados niveles de sobrepoblación, advirtió el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La organización señaló que el problema expone una contradicción dentro del sistema carcelario: mientras miles de personas permanecen recluidas en recintos sobreocupados o en calabozos policiales concebidos inicialmente para detenciones transitorias, una parte de la infraestructura penitenciaria construida en el país continúa cerrada, desalojada o sin prestar servicio.
De acuerdo con las cifras recopiladas por el OVP para 2025, 26.694 personas se encontraban privadas de libertad en establecimientos penitenciarios que disponían de apenas 15.096 plazas operativas. Según los cálculos de la organización, esta situación llevó la ocupación de los recintos a 176,83 %.
El observatorio sostiene que, paralelamente, existen más de 10.000 plazas sin utilizar en establecimientos que fueron cerrados o dejaron de operar y cuya recuperación, previa evaluación de sus condiciones, podría contribuir a reducir la presión sobre las cárceles y los centros de detención preventiva.
Al menos 18 establecimientos fueron cerrados o desalojados
El OVP indicó que durante las últimas décadas al menos 18 establecimientos penitenciarios fueron cerrados o desalojados en distintas regiones del país.
Entre ellos mencionó la antigua cárcel de Sabaneta, que tenía una capacidad aproximada para 800 personas; la Penitenciaría General de Venezuela (PGV); Cepella; Yare I y Puente Ayala, estos últimos con alrededor de 750 plazas cada uno; y Vista Hermosa, con unas 650.
A la lista se suman La Planta, San Juan de los Morros, el Internado Judicial de Apure y el Internado Judicial de Yaracuy, entre otros establecimientos.
La organización aclaró que algunos de estos centros fueron posteriormente reutilizados o reabiertos, mientras que otros permanecieron durante años fuera del sistema, con la consecuente disminución de la capacidad disponible para albergar a la población penitenciaria.
El impacto también se ha trasladado a las familias. El OVP recordó que durante las intervenciones penitenciarias de 2023 fueron trasladadas 8.016 personas hacia distintas entidades del país.
Según el observatorio, algunos detenidos terminaron recluidos en establecimientos que ya registraban problemas de infraestructura y sobrepoblación. Para sus familiares, los traslados también significaron viajes más largos y mayores costos para mantener el contacto y suministrar alimentos, medicamentos, artículos de higiene y otros productos que, de acuerdo con la organización, suelen ser asumidos por los propios hogares.
Caracas constituye uno de los ejemplos citados por el OVP. Tras el cierre progresivo del Retén de Catia, El Junquito y La Planta, la capital quedó sin establecimientos penitenciarios de este tipo, por lo que personas cuyos procesos judiciales se desarrollan en Caracas han sido recluidas en otras entidades, alejadas de sus tribunales y familiares.
Calabozos policiales convertidos en centros de permanencia prolongada
Otra consecuencia señalada por el observatorio es la utilización prolongada de instalaciones policiales.
Centros de detención preventiva pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana y cuerpos policiales regionales y municipales han terminado albergando durante meses e incluso años a personas privadas de libertad.
En su informe “7.414 detenidos en 157 dependencias: la red de cárceles paralelas del CICPC”, el OVP documentó 7.414 personas recluidas en 157 dependencias del organismo, con una permanencia promedio de 615 días, equivalente a aproximadamente un año y ocho meses.
La organización agregó que una de cada tres personas había permanecido allí más de dos años.
El observatorio puntualizó, además, que esta cifra no incluye a todas las personas recluidas en instalaciones de la PNB ni de las policías estadales y municipales, por lo que representa solo una parte de la población ubicada en centros de detención preventiva.
