La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) actualizó su registro de personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela y contabilizó 452 casos, al tiempo que pidió que la liberación de estos detenidos sea incorporada como un punto prioritario en la nueva ronda de conversaciones entre representantes del gobierno y sectores de la oposición.
Del total documentado por la ONG, 408 son hombres y 44 mujeres. El balance también incluye a 222 personas de la sociedad civil, 167 funcionarios activos de cuerpos de seguridad del Estado, 31 exfuncionarios, 20 extranjeros, 10 personas vinculadas a organizaciones políticas y dos sindicalistas. JEP precisó además que hay 24 venezolanos con doble nacionalidad dentro del registro.
La organización advirtió también que siete de las 452 personas incluidas en su balance no cuentan con información oficial sobre su paradero.
JEP pide que la libertad de los detenidos entre en la agenda
El pronunciamiento se produce en momentos en que las partes preparan una nueva fase del proceso de negociación política. JEP sostuvo que, pese a los acuerdos alcanzados durante el primer ciclo de conversaciones sobre la reestructuración del sistema judicial, la situación de las personas detenidas por motivos políticos no recibió, a su juicio, la atención necesaria.
“Frente a la reanudación de estas conversaciones, reiteramos de manera firme y categórica nuestro exhorto para que la mesa de diálogo incorpore de forma prioritaria la liberación plena e inmediata de todos los presos políticos”, expresó la organización.
La ONG considera que cualquier proceso de reinstitucionalización o reforma judicial debe abordar de manera paralela las garantías de derechos humanos y la situación de quienes permanecen privados de libertad por razones políticas.
La organización reclama garantías y fin de procesos arbitrarios
En su pronunciamiento, JEP también vinculó la construcción de confianza en el proceso de negociación con el cese de la persecución política, la revisión de procesos considerados arbitrarios y la restitución de garantías democráticas.
La organización insiste en que la discusión no debe limitarse a reformas institucionales, sino incluir medidas concretas relacionadas con los detenidos y sus familias.
En paralelo, la delegación opositora había adelantado que el nuevo ciclo de conversaciones abordaría temas relacionados con garantías políticas y civiles, libertad de expresión y reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, mientras organizaciones de derechos humanos continúan presionando para que la situación de los presos políticos sea incorporada formalmente a la agenda.
