El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó sobre la muerte de Edwar Arturo Muñoz, quien se encontraba privado de libertad en la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado Falcón, y señaló que el fallecimiento estuvo asociado a problemas de salud.
La organización advirtió que el hecho ocurrió en un centro penitenciario que actualmente alberga a más de 1.700 personas en un espacio diseñado para 800, lo que representa un funcionamiento por encima del 212% de su capacidad instalada.
Según el OVP, este nivel de sobrepoblación se traduce en un hacinamiento superior al 112%, situación que, de acuerdo con la organización, agrava las condiciones de vida de quienes permanecen recluidos.
OVP denuncia fallas en atención médica, alimentación y acceso a agua
El observatorio señaló que a la sobrepoblación se suman dificultades relacionadas con la alimentación, el acceso a agua potable y las deficiencias en los servicios médicos.
“A esta sobrepoblación se suman problemas de alimentación, dificultades para acceder a agua potable y deficiencias en los servicios médicos, una combinación que agrava especialmente la situación de quienes presentan problemas de salud y requieren atención oportuna”, indicó la organización.
El OVP insistió además en que la privación de libertad no elimina las obligaciones del Estado en materia de salud y protección de la vida.
“Estar privado de libertad no significa perder el derecho a la salud ni a la vida”, expresó la organización, que exigió garantizar atención médica, alimentación adecuada, agua potable y condiciones dignas de reclusión.
Organizaciones alertan sobre muertes asociadas a problemas de salud
La muerte de Muñoz se suma a otros casos denunciados durante 2026 por organizaciones de derechos humanos, que han advertido sobre fallecimientos de personas privadas de libertad vinculados con enfermedades, dificultades para recibir atención médica o condiciones deficientes dentro de los centros penitenciarios.
En este caso, el OVP no solo puso el foco en la muerte del recluso, sino también en la situación estructural de la Comunidad Penitenciaria de Coro, donde el número de internos supera ampliamente la capacidad para la que fue construido el recinto.
La organización reiteró que las autoridades deben adoptar medidas para reducir el hacinamiento y garantizar condiciones compatibles con los derechos humanos de la población penitenciaria.
