El Foro Jurídico de Mérida y la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional de 2015 realizaron un conversatorio sobre la reforma del Poder Judicial que se adelanta en el país, con el objetivo de analizar la realidad actual del sistema de justicia y definir los indicadores necesarios para garantizar su efectividad.
La actividad contó con la participación telemática de la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y jefa de la delegación de diálogo, diputada Dinorah Figuera, junto a los miembros de dicha comisión, los diputados Jorge Millán y Juan Matheus, quienes expusieron los avances del proceso de diálogo en Venezuela, el alcance de la reforma judicial y el rol del sector en un eventual proceso de transición.
Fernando Cermeño, coordinador del conversatorio, informó a La TV Calle que durante el encuentro se abordó la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Explicó que esta propuesta busca modificar el número de integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales para fijarlo en 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, además de ajustar el artículo 8 de la norma para que la Sala Constitucional pase de cinco a siete magistrados, mientras que las Salas Electoral, Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social pasen de tres a cinco magistrados cada una.
“Así se inicia la reforma al Poder Judicial, con el más alto tribunal de la República, pero, la importancia de esto no solo es discutir los requisitos de los abogados que aspiran a ser magistrados del TSJ, sino las implicancias y consecuencias de un nuevo TSJ se derivan para el país”, comentó el abogado.
En ese sentido, Cermeño enfatizó la necesidad de impulsar una transformación judicial integral que responda a indicadores democráticos fundamentales, tales como la garantía y vigencia de los derechos humanos en Venezuela, la evaluación del desempeño de los jueces actuales, el establecimiento de requisitos rigurosos para la carrera judicial y la liberación de los presos políticos.
Propuestas para la reforma judicial
Para el Foro Jurídico de Mérida, el proceso no debe limitarse a la modificación puntual de la Ley Orgánica del TSJ, sino extenderse de manera profunda a todas las instancias del sistema de justicia a nivel nacional.
Según detalló Cermeño, uno de los indicadores prioritarios que demostraría una voluntad real de cambio sería la excarcelación de los más de 260 ciudadanos privados de libertad por motivos políticos.
“La libertad de los presos políticos debió haber sido una condición previa para entrar en un diálogo sobre la reforma del Poder Judicial. Así que nosotros aspiramos que en el marco de esta reforma judicial lo primero que se respete es el Estado de derecho y la libertad de los ciudadanos”, aseguró el jurista.
Finalmente, el vocero advirtió que el “sistema represivo continúa intacto” en el país, por lo que ratificó la urgencia de discutir los casos, derogar leyes y cesar de inmediato cualquier acto de persecución, hostigamiento y violencia contra ciudadanos o sectores críticos al gobierno nacional.
