Transparencia Venezuela advirtió que el convenio petrolero anunciado entre Venezuela y Estados Unidos mantiene interrogantes sobre su legalidad, duración, alcance, mecanismos de selección de operadores y garantías de transparencia, por lo que pidió hacer públicos los documentos y contratos relacionados con la negociación.
La organización señaló que Venezuela necesita inversión nacional y extranjera para recuperar su industria petrolera y fortalecer su economía, pero sostuvo que cualquier acuerdo de esta magnitud debe estar acompañado de reglas claras, rendición de cuentas y controles institucionales.
“El problema no es la inversión petrolera, sino la falta de transparencia, legalidad, rendición de cuentas y garantías democráticas del convenio”, expresó la organización.
El documento analiza el acuerdo anunciado el 31 de agosto por la Casa Blanca, que, según la información divulgada, incluiría una concesión para explotar 17 campos petroleros venezolanos y abarcaría más de 20% de las reservas probadas del país.
Piden publicar el acuerdo completo
Uno de los principales cuestionamientos de Transparencia Venezuela es que, hasta ahora, no se conocen públicamente el convenio ni los contratos que lo sustentan.
La organización sostiene que todavía no está claro cuáles son exactamente los 17 campos incluidos, cómo fueron seleccionados, cuál es su producción actual, cuánto se espera extraer ni bajo qué figura jurídica serían operados.
También advierte sobre la duración del convenio. Según el comunicado, la información difundida desde Estados Unidos señala un plazo de 100 años, mientras que Delcy Rodríguez habría afirmado que el acuerdo tendría una duración de 25 años.
Transparencia Venezuela recuerda que la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 2026 establece que los contratos de explotación deben tener un plazo inicial máximo de 25 años, con una prórroga que no puede superar los 15 años.
La organización también sostiene que la Asamblea Nacional debe intervenir en la aprobación de contratos de interés público y convenios internacionales vinculados con el Ejecutivo y PDVSA, de acuerdo con disposiciones constitucionales.
Dudas sobre operadores y derechos previos
El pronunciamiento también plantea interrogantes sobre la selección de North American Blue Energy Partners (NABEP) como uno de los actores vinculados al convenio.
Transparencia Venezuela considera necesario aclarar bajo qué condiciones esta empresa obtuvo una posición relevante dentro del sector petrolero venezolano y cuáles habrían sido sus vínculos previos con las autoridades.
Además, señala que algunos de los campos incluidos podrían estar relacionados con derechos previamente otorgados a otras compañías.
El documento menciona, entre otros casos, a Delta Finance, vinculada a PetroDelta, y refiere que seis campos del oriente venezolano —Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto— estarían involucrados en esta discusión.
La ONG advierte que cualquier conflicto entre operadores anteriores y nuevos participantes debe ser aclarado antes de avanzar con compromisos de largo plazo.
Transparencia también cuestiona el origen de los capitales
Otro de los puntos señalados es la falta de información precisa sobre el origen de los recursos que financiarían el aumento de la producción petrolera.
Transparencia Venezuela sostiene que todavía se desconocen los plazos de desembolso, garantías, condiciones financieras y procedencia total de las inversiones previstas.
Asimismo, advierte que algunos campos podrían mantener relaciones contractuales previas con empresas mixtas vinculadas con China y Rusia, por lo que considera necesario determinar si esos compromisos siguen vigentes y cuáles serían las posibles consecuencias legales.
“Debe aclararse la situación de cada campo y los derechos asociados”, señala el documento.
