La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) alertó sobre el traslado de un grupo de presos políticos que permanecían recluidos en El Rodeo I, estado Miranda, hacia otros centros de detención que hasta el momento no han sido confirmados oficialmente.
La organización informó que varios autobuses ingresaron al penal durante la tarde y que posteriormente se produjo la movilización de detenidos, aunque no precisó cuántas personas fueron trasladadas.
«El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) alerta sobre traslados arbitrarios en el centro de reclusión El Rodeo I, luego de que varios autobuses ingresaran al penal la tarde de este miércoles, 2 de septiembre», señaló la ONG a través de X.
Según CLIPPVE, familiares de los detenidos presumen que algunos podrían haber sido trasladados al Fuerte Guaicaipuro o al centro penitenciario Yare II, ambos en Miranda. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial sobre esos destinos.
Familiares permanecen a las afueras del penal
La organización indicó que familiares de los presos permanecieron en las inmediaciones de El Rodeo I exigiendo información sobre el paradero de sus allegados y solicitando la presencia del director del centro.
Según denunciaron, el responsable del penal no habría salido a ofrecer explicaciones y algunos familiares habrían recibido malos tratos por parte del personal.
En un video difundido por CLIPPVE, María Soto, madre del teniente Luis Manuel Paiva Soto, aseguró que no fue notificada previamente sobre el traslado de su hijo.
Paiva Soto fue procesado por su presunta participación en el ataque marítimo ocurrido en 2020, episodio que el Ejecutivo vinculó con un intento de incursión armada en Venezuela.
Organizaciones denuncian irregularidades en cárceles
La alerta ocurre en medio de nuevas denuncias sobre las condiciones de reclusión en el país.Un día antes, activistas de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exigieron al ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, atender lo que calificaron como irregularidades dentro de los centros penitenciarios, especialmente en materia de alimentación y atención médica.
Por su parte, Foro Penal informó que, con corte al 31 de agosto, registraba 328 presos políticos en Venezuela, de los cuales 317 eran hombres y 11 mujeres.
El gobierno encargado de Delcy Rodríguez sostiene que en el país no existen presos políticos y afirma que las personas detenidas están procesadas por delitos comunes o contra el Estado. Esa posición es rechazada por organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición, que mantienen sus propios registros sobre detenciones por motivos políticos.
Desde enero, tras la captura de Nicolás Maduro, el gobierno encargado ha anunciado un proceso de excarcelaciones que, según cifras ofrecidas por la propia Delcy Rodríguez, supera las mil personas liberadas.
A pesar de esas medidas, organizaciones defensoras de derechos humanos continúan denunciando falta de información sobre traslados, condiciones de reclusión y acceso de los familiares a los detenidos.
