Laboratorio de Paz advirtió que los recientes acuerdos petroleros abren una discusión que va más allá de la entrada de capitales al país y señaló que cualquier inversión de largo plazo requiere seguridad jurídica, instituciones confiables y autoridades con legitimidad democrática.
La organización sostuvo que Venezuela necesita inversión nacional e internacional para superar la emergencia humanitaria compleja, recuperar la industria petrolera, generar empleo, restablecer servicios públicos y reconstruir viviendas e infraestructura afectadas por los terremotos.
Sin embargo, advirtió que el problema no es únicamente atraer recursos, sino garantizar que esos compromisos puedan mantenerse en el tiempo y contribuyan de manera sostenible al bienestar de la población.
“Cualquier inversión de largo plazo necesita seguridad jurídica, y no puede haber seguridad jurídica plena sin autoridades legítimas e instituciones confiables”, señaló Laboratorio de Paz.
Acuerdos de largo plazo deben tener respaldo institucional
La organización fundamentó su posición en varios artículos de la Constitución venezolana.Recordó que el artículo 5 establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, mientras que el artículo 6 define al gobierno venezolano como democrático, electivo, alternativo y responsable.
También citó el artículo 137, que limita la actuación de los órganos del Poder Público a las atribuciones conferidas por la Constitución y la ley, y el artículo 138, que establece que “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
A juicio de Laboratorio de Paz, estas disposiciones tienen efectos concretos sobre las decisiones económicas y contractuales que comprometan al país durante décadas.
La organización sostuvo que “un contrato puede cumplir formalidades, tener una duración de 25 ó 50 años y seguir teniendo una debilidad fundamental: la falta de legitimidad de las instituciones que lo hicieron posible”.
Petróleo, transparencia y controles constitucionales
Laboratorio de Paz recordó que el artículo 12 de la Constitución establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República y son bienes del dominio público.
También mencionó el artículo 150, referido a controles sobre determinados contratos de interés público, y el artículo 141, que obliga a la Administración Pública a actuar bajo principios de transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y sometimiento a la ley.
“Por eso los acuerdos sobre recursos estratégicos deben ser públicos, transparentes y sometidos a los controles constitucionales correspondientes. Esto no constituye un obstáculo para la inversión: es una garantía para el país y también para quienes invierten”, afirmó la organización.
La organización señaló que Venezuela necesitará inversiones importantes en vivienda, hospitales, escuelas, electricidad, agua, carreteras e infraestructura, muchos de ellos proyectos que podrían extenderse durante varias décadas.
Por ello, considera fundamental que empresas, Estados e inversionistas tengan garantías de que los compromisos asumidos hoy mantendrán validez y reconocimiento en el futuro.
“No habrá reconstrucción material sostenible sin reconstrucción institucional”, subrayó Laboratorio de Paz.
La organización añadió que reconstruir Venezuela también implica recuperar “instituciones confiables, controles democráticos, transparencia, tribunales independientes y autoridades cuya legitimidad provenga de la soberanía popular”.
Elecciones como condición para disminuir incertidumbre
El comunicado concluye relacionando la recuperación institucional con la celebración de elecciones presidenciales. Laboratorio de Paz sostiene que unos comicios “auténticos, competitivos y creíbles” no deben ser entendidos únicamente como una exigencia política, sino también como un factor necesario para reducir la incertidumbre y recuperar confianza.
“Es también una condición para disminuir la incertidumbre, recuperar confianza y ofrecer seguridad jurídica a las inversiones que desesperadamente necesita el país”, señaló la organización.
El planteamiento coloca así la legitimidad institucional, la transparencia y el respeto a los controles constitucionales como elementos centrales para cualquier estrategia de recuperación petrolera, reconstrucción e inversión de largo plazo en Venezuela.
