La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresaron su preocupación por la expansión de la minería ilegal de oro en el sur de Venezuela y por sus efectos sobre comunidades indígenas, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y poblaciones que habitan en zonas de extracción.
En un pronunciamiento reciente, ambos organismos advirtieron que estas dinámicas se desarrollan en un contexto de apertura y reformas del sector minero, incluida la aprobación de la Ley Orgánica de Minas de abril de 2026.
La CIDH y la REDESCA señalaron que cualquier política o marco normativo relacionado con la actividad minera debe incorporar garantías suficientes para prevenir impactos ambientales, sociales y de derechos humanos.
Piden controles ambientales, acceso a información y consulta previa
Entre las principales exigencias planteadas, los organismos interamericanos destacan la necesidad de establecer mecanismos robustos de evaluación ambiental y social antes de avanzar con proyectos de extracción.
También insistieron en garantizar el acceso a la información pública y la participación efectiva de las comunidades que puedan verse afectadas.
En el caso de los pueblos indígenas, la CIDH y la REDESCA subrayaron la importancia de respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada, cuando corresponda.
Además, señalaron la necesidad de prevenir la presencia de estructuras armadas en las zonas de extracción, mejorar la trazabilidad del oro y aplicar mecanismos de debida diligencia a lo largo de toda la cadena vinculada a la actividad minera.
