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Desaparecidos, reconstrucción y servicios: Provea advierte deudas pendientes del Estado tras los terremotos

A dos meses de los terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió que persisten importantes interrogantes sobre las personas desaparecidas, la administración de los fondos destinados a la reconstrucción y las condiciones de las comunidades afectadas.

La organización difundió un balance en el que recordó que los movimientos sísmicos, de magnitud 7,2 y 7,5, dejaron miles de víctimas y severos daños en distintas zonas del país, especialmente en La Guaira.

De acuerdo con el balance oficial citado por Provea y atribuido a Jorge Rodríguez, hasta el 24 de agosto se habían contabilizado 6.509 personas fallecidas y 6.462 rescatadas con vida.

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El Banco Mundial, por su parte, estimó en 19.600 millones de dólares los daños ocasionados por la emergencia.

Sin embargo, para la organización, la magnitud de la tragedia todavía contrasta con la ausencia de información consolidada sobre uno de los asuntos más sensibles: las personas cuyo paradero continúa sin conocerse.

Provea cuestiona falta de un registro actualizado de desaparecidos

La organización señaló que las autoridades llevan más de 60 días sin actualizar públicamente la cifra nacional de desaparecidos.

El 25 de junio, un día después de los terremotos, se habían informado oficialmente 157 personas desaparecidas. No obstante, Provea recordó que el gobernador de La Guaira señaló el 4 de agosto que en esa entidad habría al menos 1.579 desaparecidos.

A esto se suma el registro elaborado por la iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, que, según la información divulgada, llegó a documentar más de 29.000 reportes.

Las diferencias entre estas cifras evidencian, a juicio de la organización, la necesidad de establecer un sistema oficial capaz de centralizar y actualizar la información.

Provea exigió al Estado venezolano crear “un registro público, unificado y actualizado” sobre las personas desaparecidas.

La organización advirtió que, mientras no exista una herramienta de este tipo, buena parte de las labores de búsqueda y recopilación de información continúa dependiendo de las propias familias y de iniciativas ciudadanas.

Piden garantías de transparencia para los recursos de reconstrucción

Otro de los cuestionamientos está relacionado con el fondo “Venezuela Renace”, creado para concentrar recursos destinados a la recuperación y reconstrucción del país.

Provea sostuvo que todavía no se conoce públicamente cuál será su mecanismo de auditoría ni cuáles serán los criterios utilizados para distribuir los fondos entre los beneficiarios.

También cuestionó que no exista información suficiente que permita determinar qué proporción de esos recursos será destinada directamente a la recuperación de viviendas.

La organización vinculó esta preocupación con antecedentes de manejo poco transparente de fondos públicos en Venezuela y mencionó experiencias como el Fondo Chino, el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica, el Fondo para el Desarrollo Nacional y el Fondo Único Social.

Estos señalamientos corresponden al análisis de Provea y plantean una exigencia de mecanismos públicos de rendición de cuentas durante el proceso de reconstrucción.

Escuelas, empleo y atención sanitaria siguen entre las necesidades

Las consecuencias de los terremotos también continúan afectando otros derechos esenciales. Según los datos difundidos, 14 instituciones educativas colapsaron y otras 38 presentaron daños de consideración en La Guaira.

La emergencia también tuvo consecuencias económicas. El cierre temporal del puerto y del Aeropuerto Internacional de Maiquetía afectó actividades relacionadas con el turismo, la pesca, el transporte marítimo y otras fuentes de empleo de las que dependen numerosas familias de La Guaira.

En refugios y comunidades cercanas, Provea sostiene que continúa siendo necesaria la atención sostenida de personas con enfermedades crónicas y el acceso regular a agua potable.

El pronunciamiento concluye que la emergencia no puede considerarse superada únicamente porque hayan transcurrido dos meses desde los terremotos.

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