El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que dos personas privadas de libertad murieron recientemente en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV presuntamente por graves cuadros de salud.
En Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien, de acuerdo con la información conocida por el OVP, padecía meningitis bacteriana. La organización advirtió que este establecimiento alberga actualmente a más de 1.000 personas privadas de libertad, pese a que habría sido diseñado originalmente para una población aproximada de 500 reclusos.
Esto implicaría que el penal funciona, como mínimo, al doble de su capacidad inicial, una condición que el OVP considera especialmente preocupante ante la presencia de una enfermedad transmisible.
La organización señaló que un cuadro como la meningitis bacteriana no puede evaluarse únicamente desde la situación individual del paciente, sino también por el riesgo que puede representar dentro de un recinto con elevados niveles de sobrepoblación.
Rodeo IV también registra una nueva muerte por motivos de salud
En el Internado Judicial Rodeo IV murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico, según informó el OVP. En este mismo centro penitenciario también había fallecido, el pasado 20 de abril, Deivi Enrique García por motivos de salud.
El Observatorio sostiene que en Rodeo IV permanecen recluidas más de 950 personas, pero advierte que existe poca información pública sobre la capacidad instalada del establecimiento y las condiciones reales en las que se encuentran los internos.
La organización cuestionó además la ausencia de datos periódicos y verificables sobre alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades, tratamientos y número de fallecimientos registrados bajo custodia.
OVP pide investigar posibles fallas en la atención
Tras conocerse ambos casos, el Observatorio exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar qué protocolos sanitarios fueron aplicados a Jhonney Martínez y Anthony Quintero.
También pidió determinar si existieron retrasos, omisiones o deficiencias en la atención médica recibida antes de sus fallecimientos.
Para el OVP, las autoridades sanitarias deben evaluar de manera más amplia las condiciones epidemiológicas de los centros penitenciarios y garantizar mecanismos de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno.
“Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde, puesto que la obligación del Estado no comienza cuando un preso llega a una emergencia, sino con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno”, sostuvo la organización.
Cooperación con el CICR genera expectativas
Las muertes se producen además después de que Delcy Rodríguez anunciara que el Gobierno venezolano trabaja en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión y promover mejoras dentro del sistema penitenciario.
El OVP valoró que un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad pueda acceder a las cárceles venezolanas, aunque pidió que esa cooperación permita conocer las condiciones reales de los recintos.
“Desde el OVP valoramos que un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad pueda tener acceso a las cárceles venezolanas y conocemos el carácter confidencial que rige la actuación del CICR. Precisamente por ello, esperamos que esta cooperación permita conocer la realidad penitenciaria sin filtros y no termine siendo utilizada por el Gobierno para lavar la cara de un sistema que durante años ha acumulado denuncias de hacinamiento, muertes, enfermedades, torturas, alimentación deficiente y falta de atención médica”, señaló la organización.
El Observatorio insistió en que una visita internacional debería permitir conocer directamente las condiciones de los internos, incluidos aquellos centros sobre los cuales existen denuncias más sensibles.
