De acuerdo con cifras difundidas por la organización Convite, 73.300 personas mayores se encuentran entre los afectados por los terremotos del 24 de junio, de ese total, 41.300 son mujeres y 32.000 hombres.
La organización advirtió que muchas de estas personas no solo sufrieron daños en sus viviendas o pertenencias, sino que también perdieron negocios, locales comerciales u otras fuentes de ingresos que les permitían cubrir parte de sus necesidades cotidianas.
Los adultos mayores forman parte de un universo de aproximadamente 700.000 personas perjudicadas por los terremotos, según los datos divulgados por la organización.
Una población que ya enfrentaba vulnerabilidad antes de los sismos
Convite advirtió que las consecuencias de los terremotos se producen sobre una población que ya atravesaba dificultades económicas y sociales antes de la emergencia.
Según la organización, entre 300.000 y 380.000 adultos mayores viven solos en Venezuela, una realidad que relaciona, entre otros factores, con la salida del país de millones de ciudadanos en edad laboral.
El desplazamiento migratorio de familiares ha dejado a numerosos adultos mayores sin redes de acompañamiento cercanas, mientras los bajos ingresos los obligan en muchos casos a buscar alternativas para subsistir.
Convite señaló que esta situación incrementa la vulnerabilidad económica y empuja a parte de esta población hacia actividades del sector informal ante la insuficiencia de los ingresos básicos.
La emergencia sísmica añadió una nueva dificultad: personas que ya dependían de pequeños negocios, ventas informales o actividades independientes perdieron sus medios de sustento como consecuencia de los daños.
Convite propone identificar a quienes perdieron sus fuentes de ingreso
Ante este escenario, la organización planteó la necesidad de realizar un censo específico de adultos mayores afectados por los terremotos, con el objetivo de conocer cuántos perdieron comercios, emprendimientos u otras fuentes de ingreso.
Según Convite, contar con esa información permitiría establecer con mayor precisión las necesidades económicas de esta población y diseñar programas de recuperación adaptados a cada caso.
La organización recomendó que, una vez identificadas las pérdidas, se implementen mecanismos destinados a contribuir con la recuperación económica de los afectados.
El planteamiento busca evitar que las medidas de atención se concentren únicamente en la reparación de viviendas o entrega de asistencia inmediata, sin considerar el impacto que la emergencia tuvo sobre los medios de vida de las personas mayores.





