El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de tres personas privadas de libertad en distintos centros penitenciarios del país y exigió investigaciones que permitan determinar si existieron omisiones, retrasos en la atención médica o fallas institucionales que hayan contribuido al deterioro de su estado de salud.
Los casos corresponden a internos recluidos en cárceles de Carabobo, Miranda y Lara, quienes fallecieron luego de presentar distintas complicaciones médicas.
Uno de los fallecidos fue Anthony José Portillo Gómez, privado de libertad en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito. Según el OVP, murió el pasado 20 de julio en el Hospital Central Dr. Enrique Tejera después de presentar graves complicaciones de salud asociadas a un cuadro neurológico y enfermedad arterial hipertensiva.
El segundo caso corresponde a Víctor José Salgado, quien se encontraba recluido en el Internado Judicial Rodeo IV y falleció en el Hospital Dr. Domingo Luciani por razones relacionadas con su estado de salud.
La tercera muerte reportada fue la de Adrián Felipe, interno del Centro Penitenciario Fénix Lara, quien falleció en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda tras presentar deshidratación severa, hipotensión arterial y síndrome diarreico agudo.
OVP cuestiona los mecanismos de prevención
Aunque los tres casos ocurrieron en establecimientos penitenciarios diferentes, el OVP considera que vuelven a poner en evidencia problemas relacionados con la prevención, vigilancia y atención oportuna de enfermedades dentro de las cárceles venezolanas.
La organización sostiene que la respuesta institucional no debería producirse únicamente cuando una persona privada de libertad requiere atención de emergencia, sino que deben existir mecanismos capaces de identificar oportunamente condiciones de salud que puedan poner en riesgo su vida.
“No basta con conocer las muertes después de que ocurren. Al contrario, si existen personas privadas de libertad con enfermedades graves, cuadros de deshidratación, hipertensión, diarreas persistentes u otras condiciones que pueden comprometer sus vidas, la actuación institucional debe producirse antes de que lleguen a una emergencia hospitalaria y no cuando ya es demasiado tarde”, señaló el OVP.
Exigen actuación de la Defensoría, el Ministerio Público y los tribunales
La organización dirigió parte de sus cuestionamientos hacia la Defensoría del Pueblo, a la que pidió informar sobre las inspecciones que realiza en los centros penitenciarios y las actuaciones adoptadas para proteger el derecho a la salud de las personas recluidas.
El OVP recordó que la Defensoría tiene competencias constitucionales relacionadas con la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos, por lo que considera necesario conocer qué acciones desarrolla ante los casos de internos con enfermedades o condiciones médicas de riesgo.
También pidió al Ministerio Público investigar las circunstancias que rodearon cada una de las muertes y determinar si existieron retrasos en traslados hospitalarios, falta de atención médica u otras posibles omisiones.
“En ese sentido, les corresponde investigar si existieron omisiones, retrasos en la atención médica o en los traslados hospitalarios y determinar responsabilidades cuando la falta de actuación de un funcionario pudo contribuir al deterioro o muerte de una persona privada de libertad”, expresó la organización.
El observatorio también señaló la responsabilidad de los jueces de ejecución y del Poder Judicial en la supervisión de las condiciones de reclusión y en el seguimiento de los casos de internos que presentan enfermedades graves.
