Organizaciones de derechos humanos expusieron durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada el pasado 6 de agosto la situación de los migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos el dia de los terremotos en Venezuela.
Los representantes plantearon el caso del vuelo 164, un avión procedente de Estados Unidos que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía el 24 de junio con 146 personas a bordo: 120 hombres, 19 mujeres y siete menores de edad.
Las organizaciones cuestionaron la falta de información oficial sobre el destino de algunos de estos ciudadanos y, particularmente, sobre los deportados que habrían fallecido después de su llegada.
Deportados fueron trasladados a un centro bajo control estatal
De acuerdo con la información expuesta durante la audiencia, después de aterrizar en Maiquetía los deportados fueron trasladados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) al denominado Hotel El Santuario, ubicado en La Llanada, estado La Guaira.
El lugar, según las organizaciones, se encontraba bajo control estatal y no operaba en ese momento como un establecimiento hotelero convencional.
La coincidencia entre la llegada del vuelo y el desastre natural ha generado interrogantes sobre las condiciones en las que se encontraban los migrantes, las medidas adoptadas para protegerlos y el posterior seguimiento de quienes permanecieron en la zona afectada.
Amnistía Internacional cuestiona las condiciones de retorno
Durante la audiencia ante la CIDH, la directora de Amnistía Internacional Venezuela, Nastassja Rojas, abordó las dificultades que enfrentan los venezolanos que permanecen en el extranjero y las barreras que, según denunció, existen para su retorno.
Rojas señaló que el Estado venezolano impone obstáculos económicos y administrativos a sus ciudadanos en el exterior, entre ellos el costo de los pasaportes y la exigencia de salvoconductos para ingresar al país.
La representante de Amnistía Internacional también se refirió a lo que calificó como una “institucionalización de la política de retorno”, en un contexto marcado por los procesos de deportación y repatriación.
