Organizaciones venezolanas de derechos humanos comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para advertir que, pese al actual contexto de diálogo político, Venezuela mantiene intactas las estructuras de represión, la impunidad y las restricciones al espacio cívico.
Durante la audiencia, víctimas, defensores y representantes de la sociedad civil pidieron que la comunidad internacional acompañe con firmeza el proceso y mida cualquier avance a partir de resultados verificables y no de anuncios políticos.
La comparecencia se produjo en el marco de la presentación del «Termómetro de la Justicia, la Verdad y el Estado de Derecho», una herramienta que concluye que el país aún no atraviesa una transición democrática genuina.
La audiencia celebrada este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estuvo marcada por un mensaje común de las organizaciones venezolanas: el momento político que vive el país representa una oportunidad inédita, pero todavía no existen condiciones para afirmar que Venezuela transita hacia una democracia consolidada.
La comparecencia reunió a representantes de Cepaz, Foro Penal, Justicia, Encuentro y Perdón, Aula Abierta, Ideas por la Democracia y otros integrantes de la plataforma Justicia y Verdad, quienes expusieron el diagnóstico contenido en el «Termómetro de la Justicia, la Verdad y el Estado de Derecho», un instrumento construido a partir de recomendaciones de mecanismos internacionales para evaluar si los cambios anunciados durante 2026 representan transformaciones estructurales o simplemente reformas cosméticas.
La directora ejecutiva de Cepaz, Beatriz Borges, advirtió que el contexto actual no puede interpretarse como una transformación institucional.
«La apertura todavía es frágil y no puede confundirse con una transformación institucional. El aparato represivo permanece intacto. Ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada. No existen investigaciones independientes ni rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos», afirmó.
Borges sostuvo que Venezuela enfrenta una oportunidad histórica que podría definirse durante los próximos meses: avanzar hacia una transición democrática real o perder nuevamente esa posibilidad. En ese escenario, pidió a la comunidad internacional preservar la evidencia de las violaciones de derechos humanos, acompañar a las víctimas y evitar que los avances aparentes oculten la permanencia de las estructuras represivas.
Las víctimas también tuvieron voz durante la audiencia.
Meudy Osio, viuda del concejal Fernando Albán, recordó que han transcurrido casi ocho años desde la muerte de su esposo bajo custodia del Estado venezolano sin que exista una investigación independiente que establezca responsabilidades.
«No escucho cifras. Pienso en sus familiares, en el dolor que están pasando, igual que pasó mi familia. Fernando es uno de ellos», expresó al referirse a las personas fallecidas bajo custodia estatal.
Desde Foro Penal, Alfredo Romero explicó que, aunque durante los últimos meses se han producido excarcelaciones, continúan existiendo personas detenidas por motivos políticos y persisten denuncias de torturas y tratos crueles en centros de reclusión como Rodeo I. Asimismo, señaló que el caso del dirigente Perkins Rocha refleja que las detenciones continúan utilizándose con un efecto disuasorio sobre sectores políticos y sociales.
Por su parte, Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón, aseguró que el aparato represivo sigue afectando a mujeres, sindicalistas, funcionarios públicos, ciudadanos extranjeros y familias enteras, calificando la situación como una urgencia humanitaria que no admite mayores demoras.
La situación de las universidades también ocupó parte importante de la audiencia.
David Gómez, de Aula Abierta, denunció que el Estado mantiene una política sistemática de asfixia presupuestaria y restricciones contra la educación superior, lo que afecta la autonomía universitaria, la libertad académica y el pensamiento crítico.
Según indicó, el salario de un profesor universitario continúa siendo inferior a dos dólares mensuales, mientras el marco legal restrictivo permanece intacto, limitando además el trabajo de organizaciones sociales y humanitarias.
En materia política, Deborah Van Berkel, de Ideas por la Democracia, sostuvo que cualquier proceso de transición deberá incorporar una ruta electoral verificable que permita restituir la soberanía popular mediante un cronograma y condiciones electorales creíbles. Asimismo, destacó la importancia del acompañamiento internacional para garantizar una democracia sostenible.
El cierre de la audiencia estuvo a cargo del defensor de derechos humanos Faisal Yamil, quien se refirió directamente al momento político abierto tras la instalación, el pasado 1 de agosto, de la Comisión Mixta conformada por representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015, el oficialismo y el acompañamiento de Estados Unidos.
Yamil afirmó que este nuevo espacio debe recibirse «con optimismo prudente», pero insistió en que su legitimidad dependerá exclusivamente de resultados concretos y verificables.
En ese sentido, pidió a la CIDH y al resto de los mecanismos internacionales mantener una supervisión permanente para evitar que los procesos de diálogo terminen convirtiéndose en mecanismos de dilación política sin avances reales en materia de derechos humanos.
Las conclusiones de la audiencia coincidieron con las del «Termómetro de la Justicia, la Verdad y el Estado de Derecho», cuyo análisis sostiene que, pese a excarcelaciones, anuncios de reformas y gestos de apertura institucional, Venezuela mantiene sin cambios las principales estructuras responsables de la represión, la impunidad, las restricciones al espacio cívico y la falta de cooperación plena con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
En un momento en el que el país observa con expectativa el desarrollo de una nueva etapa de diálogo político, el mensaje de la sociedad civil fue claro: una transición democrática no puede medirse por la instalación de una mesa de negociación ni por anuncios oficiales, sino por la existencia de reformas verificables, instituciones independientes, garantías para las víctimas y el desmantelamiento efectivo de las estructuras que hicieron posible las violaciones de derechos humanos durante las últimas décadas.
