El concejal del municipio El Hatillo y dirigente del movimiento político Unión y Cambio (Unica), Giullio Cellini, propuso la derogación de la Ley de Fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales, al considerar que la normativa dificulta el trabajo humanitario que desarrollan estas instituciones tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela.
Durante una rueda de prensa, Cellini expresó su reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que han participado en la atención de las comunidades afectadas, especialmente en el estado La Guaira, una de las entidades más impactadas por los sismos.
“Es un buen momento para que se revise y sea derogada la denominada ‘Ley anti ONG’. Es fundamental que se atienda esto que ha sido una exigencia de la sociedad venezolana, de las distintas universidades y se deje de lado este mecanismo que, por demás, es inconstitucional, pero también obstaculiza la puesta en marcha del trabajo loable que hacen estas organizaciones”, afirmó.
Consideran que la normativa limita la respuesta humanitaria
El dirigente sostuvo que la labor desarrollada por organizaciones nacionales e internacionales durante la emergencia evidencia la importancia de facilitar su actuación en situaciones de desastre.
A su juicio, la legislación vigente quedó superada por las necesidades actuales del país y planteó que su derogación debería ser debatida en la Asamblea Nacional.
Cellini señaló que las organizaciones sociales han desempeñado un papel relevante en la distribución de ayuda humanitaria y en la atención de personas damnificadas desde las primeras horas posteriores a los terremotos.
Durante su intervención, el concejal también respaldó una propuesta presentada por la Fracción Libertad, orientada a crear un instrumento legal que permita supervisar el uso de los recursos destinados a la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas.
Según explicó, la iniciativa busca establecer mecanismos de control sobre los fondos que ingresen al país para atender las consecuencias del desastre.
“Creemos que los recursos que entran directamente al Estado venezolano deben ser administrados con transparencia y en tal sentido nosotros volvemos a poner sobre la mesa la propuesta que ya hizo la Fracción Libertad de un instrumento legal en función de garantizar esa transparencia”, expresó.
Asimismo, planteó que organizaciones independientes y organismos multilaterales puedan participar como observadores del proceso de administración de esos recursos.
