Laboratorio de Paz afirmó que la política de vivienda que impulse el Estado tras los terremotos del 24 de junio debe garantizar el derecho a una vivienda adecuada y no limitarse únicamente a mecanismos de subsidio o financiamiento para la adquisición de inmuebles.
A través de un pronunciamiento, la organización señaló que los anuncios sobre créditos y subsidios para las familias que perdieron sus hogares constituyen una respuesta necesaria frente a la magnitud de la emergencia habitacional. Sin embargo, sostuvo que la reconstrucción debe desarrollarse bajo un enfoque de derechos humanos, con reglas claras, criterios públicos y garantías para todas las personas afectadas.
Piden mayor claridad sobre los mecanismos de acceso
Laboratorio de Paz indicó que resulta necesario conocer cómo se implementarán las medidas anunciadas, quiénes podrán acceder a los beneficios y cuáles serán los criterios de selección.
En ese sentido, planteó la necesidad de publicar los requisitos, condiciones financieras, mecanismos de adjudicación y criterios de priorización para los programas de subsidios y créditos, con el fin de evitar que la capacidad económica de las familias determine su posibilidad de acceder a una solución habitacional.
La organización también cuestionó cuál será la respuesta para aquellas personas que no puedan asumir el porcentaje restante del costo de una vivienda, al considerar que las familias en mayor situación de vulnerabilidad requieren alternativas que impidan que la reconstrucción se convierta en una carga financiera imposible de sostener.
Protección para inquilinos y personas sin títulos de propiedad
Otro de los aspectos destacados es la necesidad de que las políticas públicas contemplen a quienes vivían en condición de arrendamiento o carecían de títulos formales de propiedad.
Según explicó, el derecho a recibir protección después de un desastre no corresponde exclusivamente a quienes son propietarios de una vivienda, por lo que los programas de reconstrucción deben incluir todas las formas legítimas de tenencia.
Asimismo, sostuvo que la posibilidad de adquirir viviendas en el mercado secundario no debería sustituir el derecho de las comunidades y propietarios a participar en las decisiones relacionadas con la recuperación de sus edificios y terrenos cuando las condiciones técnicas permitan su rehabilitación.
Transparencia, acceso a la justicia e información pública
En relación con la propuesta de crear una jurisdicción especial para atender conflictos derivados del desastre, Laboratorio de Paz señaló que cualquier instancia judicial de esta naturaleza debe garantizar independencia, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, decisiones oportunas y mecanismos de revisión.
La organización también insistió en la importancia de que exista información pública y actualizada sobre el proceso de reconstrucción, incluyendo el número de personas damnificadas, viviendas afectadas, recursos disponibles, beneficiarios, ejecución presupuestaria y avances de los programas.
Recordó que la legislación venezolana prevé la elaboración de planes de reconstrucción sustentados en evaluaciones de daños y necesidades, con prioridades, cronogramas, presupuesto y responsabilidades institucionales claramente definidas.
