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OVP denuncia la muerte de dos personas privadas de libertad bajo custodia del Estado en Lara

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el fallecimiento de dos personas privadas de libertad que permanecían bajo custodia del Estado venezolano en el Centro Penitenciario Fénix Lara, y aseguró que ambos casos evidencian las deficiencias estructurales del sistema penitenciario y la ausencia de atención médica oportuna en los centros de reclusión.

De acuerdo con la organización, las víctimas fueron identificadas como José Antonio Rodríguez Ruiz, quien falleció a causa de tuberculosis (TBC), y Alfredo José Febres, quien murió luego de presentar un cuadro de deshidratación y diarrea mientras permanecía recluido en el penal.

OVP atribuye al Estado la responsabilidad por las muertes bajo custodia

En un pronunciamiento público, el OVP señaló que, más allá de los diagnósticos médicos reportados, ambas muertes ocurrieron mientras las víctimas se encontraban bajo la custodia del Estado, por lo que recordó que las personas privadas de libertad dependen completamente de las autoridades para acceder a atención médica, medicamentos o traslados hospitalarios.

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La organización sostuvo que cuando un recluso fallece por enfermedades prevenibles o tratables, como infecciones, deshidratación o complicaciones derivadas de la falta de asistencia médica, no puede considerarse un hecho aislado, sino una consecuencia de las condiciones de reclusión y de la falta de respuesta institucional.

Denuncian condiciones que vulneran los estándares internacionales

El Observatorio Venezolano de Prisiones afirmó que las cárceles del país continúan enfrentando problemas relacionados con la escasez de agua potable, deficiencias en la alimentación, falta de medicamentos, limitada atención sanitaria y el incumplimiento de las Reglas Mandela, conjunto de normas de las Naciones Unidas que establecen los estándares mínimos para el tratamiento de las personas privadas de libertad.

En ese contexto, la organización indicó que estas condiciones comprometen el derecho a la salud y a la vida de la población penitenciaria, además de generar responsabilidad internacional para el Estado cuando ocurren fallecimientos bajo custodia.

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