Entre las inmensas y verdes montañas de Mérida, decenas de familias luchan para superar una tragedia que les cambió la vida desde el 24 de junio de 2025, cuando las comunidades cercanas al río Chama quedaron parcial o totalmente destruidas.
La comunidad de San Emilio, ubicado en el Pedregal de Tabay, padece todos los días las consecuencias del colapso del puente que los conectaba con la carretera trasandina. Pero sufre aún más por el abandono de las autoridades competentes, quienes durante once meses no prestaron ningún tipo de asistencia en la zona.
La emergencia por las lluvias dejó en su momento alrededor de 24 000 familias afectadas de forma directa e indirecta en toda la entidad andina, de acuerdo con los balances ofrecidos por el gobernador Arnaldo Sánchez en sus declaraciones oficiales durante el siniestro. Para la golpeada comunidad de San Emilio, esa estadística general se traduce en rostros, decenas de familias y dinámicas cotidianas fracturadas a lo largo de más de 380 días de confinamiento.
Un total de 33 familias, integradas por un aproximado de 85 personas, permanecen en una suerte de limbo geográfico. La pérdida del único puente que les conectaba con la Carretera Trasandina no solo implicó la destrucción de un bien público fundamental; significó la pérdida de la principal arteria vial que permitía el traslado de las cosechas, el acceso regular a las instituciones educativas y la atención médica de emergencia para sus ciudadanos.
Una nueva vía en medio de la montaña
Merly Uzcátegui, habitante de la comunidad, narró cómo su rutina se ha visto gravemente alterada debido a la caída del puente. Antes del desastre, el traslado hacia sus actividades laborales y el trayecto escolar de sus dos hijos representaban algunos minutos de su día, pues viven a escasos metros de lo que era la conexión principal con el troncal 007.
Debido a la actual situación, Uzcátegui se ve obligada a emprender un largo rodeo por el sector Nubia Agua, una travesía de montaña que se extiende a pie y cuya duración depende de las condiciones físicas del caminante y del estado del terreno. Indica que algunas personas, los más diestros, duran 25 minutos caminando. Otros, más de 40.
“Nos ha afectado muchísimo. Primero, porque justamente mi casa quedó al frente de mi trabajo, entonces tengo que dar, literalmente, la vuelta completa por la montaña. Aparte de eso, tengo dos niños que estudian; la escuela queda a unos diez minutos por la vía principal, pero ahora implica levantarnos mucho más temprano y sacarlos calzados con botas de goma, porque el camino no es una carretera pavimentada, es un sendero de tierra en plena montaña», comentó la merideña.
«Al llegar a la entrada, debo cambiarles los zapatos para que puedan ingresar limpios a las aulas, luego subir a mi trabajo. Lo que antes significaba regresar a mi hogar a las seis y media de la tarde, ahora se convierte en las siete o siete y media de la noche. Y así como yo, estamos muchísimos vecinos”, manifestó con profunda preocupación.
El peligroso ingenio de la autogestión vecinal
Ante la falta de respuestas oportunas durante los primeros 11 meses del desastre, los propios afectados tuvieron que apelar a la autogestión para evitar quedar completamente incomunicados del resto de la región. Con recursos económicos limitados y utilizando técnicas artesanales, los vecinos se organizaron para diseñar e instalar pasarelas provisionales de madera sobre los tramos menos profundos y correntosos del río Chama.
Estas estructuras, construidas con troncos y tablas sujetas de forma improvisada, constituyeron la única vía de comunicación del sector. Sin embargo, la solución comunitaria resultaba efímera, pues las rústicas pasarelas apenas duraban dos semanas en pie antes de ceder por la fuerza del agua y el incremento del caudal, devolviendo a los habitantes a su condición de aislamiento original y convirtiendo esta emergencia en una peligrosa rutina.
Quince días de maquinaria luego de meses de espera
La esperanza retornó brevemente a la comunidad con la llegada de una máquina excavadora, destinada a ejecutar las labores de canalización del río Chama hace un mes. El equipo pesado operó de manera continua durante dos semanas, removiendo sedimentos y ensanchando el canal para mitigar el impacto de las corrientes sobre los taludes habitados.
No obstante, la ilusión se vio truncada abruptamente cuando el pasado 10 de julio la maquinaria cesó sus funciones debido a una avería mecánica que la dejó inactiva a un costado del río.
Desde entonces, las obras se encuentran paralizadas y el silencio administrativo ha vuelto a reinar en la zona. Los habitantes desconocen la naturaleza de la avería, el presupuesto requerido para su reparación o la fecha estimada para la reanudación de las actividades.
“Estuvo operando como dos semanas alrededor del sector, y el operario estaba canalizando el río, porque esa es la primera fase que nos explicaron: canalizar el cauce para luego poder empezar con el proyecto definitivo del puente. Ahora estamos esperando que esta semana vuelvan, la reparen y continúen con los trabajos, pero hasta los momentos no nos han dado ninguna respuesta sobre cuándo la van a arreglar”, detalló.
La paciencia de los habitantes no se ha limitado a la espera pasiva. Durante los meses posteriores al colapso de la vía, la comunidad ha agotado los canales institucionales y los mecanismos de presión pública. Se han redactado y consignado oficios ante entes gubernamentales con competencia en materia de infraestructura y atención de desastres. Asimismo, han recurrido a las plataformas digitales y a las redes sociales para difundir registros audiovisuales del estado de incomunicación, logrando captar la atención de medios de comunicación de alcance nacional. A pesar del despliegue comunicacional y de las visitas de inspección técnica, las soluciones definitivas no se materializan.
El impacto de este retraso institucional hiere de gravedad la economía de la zona, caracterizada por la actividad de pequeños y medianos agricultores que dependen de la fluidez vial para trasladar sus cosechas de hortalizas hacia los mercados de Tabay y la ciudad de Mérida.
El silencio de las autoridades
Así como Uzcátegui, la ciudadana Gisela Rosas, vecina del sector, manifestó su inconformidad con las gestiones que ha hecho el Estado durante los 12 meses que han transcurrido desde el siniestro. Para Rosas, el estancamiento de los trabajos debido a la avería de la excavadora constituye un síntoma inequívoco del desinterés gubernamental, una realidad que condena a casi un centenar de personas a arriesgar sus vidas diariamente al cruzar el caudal o transitar por senderos de alta peligrosidad.
La residente denunció que la falta de información oportuna por parte de los entes responsables agrava la sensación de incertidumbre y vulnerabilidad de las familias confinadas. Hizo un llamado categórico a las autoridades para que se restituya el plan de trabajo de manera inmediata, antes de que el recrudecimiento de las lluvias invernales en la cordillera termine por destruir los precarios senderos que hoy sirven de alternativa peatonal para los habitantes del Pedregal.
“El verdadero drama no es solo el río que ruge, sino el silencio de las autoridades”, manifestó con vehemencia, sintetizando en una frase el dolor de una población que observa cómo el caudal del río Chama avanza con mayor celeridad que las soluciones de los despachos oficiales. Su lamento se mantiene como un recordatorio urgente de que, en las zonas rurales de Mérida, la desatención institucional puede llegar a ser tan destructiva como la peor de las tormentas.
Mérida tiene otros sectores afectados
En el estado Mérida existen muchos otros casos críticos por atender bajo el mismo patrón de desatención. Así como las familias de San Emilio, decenas de ciudadanos de otras localidades han visto alterarse por completo su rutina debido al colapso parcial de sus viviendas o del terreno donde fueron construidas. Tal es el caso de la señora Ana Beatriz Moreno, habitante de El Arenal, en el sector San Javier, quien relata la gravedad del avance del río sobre las estructuras habitacionales.
“Fuimos a varios organismos y pasamos una carta, pidiendo la canalización del río. El cauce de ese río estaba más hacia el otro lado. Luego de la tragedia hizo una especie de playa y quedó hacia este lado, donde están nuestras casas”, relató Moreno. La falta de obras de contención y canalización oportunas ha provocado un desgaste acelerado de los taludes de tierra, comprometiendo gravemente los elementos estructurales que sostienen la vialidad principal de la zona.
“Nada, nunca vinieron a inspeccionar nada. En esa curva hay un problema grave porque ha ido golpeando ese terreno y en la parte de arriba hay un enorme árbol que sirve de sostén a la carretera de El Arenal. Si los deslizamientos continúan, el árbol puede caerse y por ende la carretera, lo que conlleva que todo el sector de El Arenal quede incomunicado. Eso lo explicamos en la carta que se entregó, pero nunca se recibió ninguna respuesta”, expuso Moreno con indignación, evidenciando el desamparo en el que se encuentran.
El balance final de esta cobertura de investigación devela una alarmante constante burocrática en la región: a pesar de que todos los casos expuestos manifestaron haber solicitado formalmente y en varias ocasiones la canalización del río, transcurridos doce meses del desastre, persisten zonas críticas en las que aún no se ha ejecutado ninguna labor de mitigación, dejando a los ciudadanos a merced de las próximas lluvias.
