La organización SOS Orinoco aseguró que la expansión de la minería ilegal en la región Amazonía-Guayana responde al progresivo desmantelamiento de la minería formal durante las últimas dos décadas y no a una pérdida accidental del control estatal.
En un comunicado, la organización sostuvo que numerosos proyectos mineros legales fueron paralizados o abandonados, lo que abrió espacio para la consolidación de economías ilícitas, grupos armados y organizaciones criminales en amplias zonas del sur del país.
SOS Orinoco afirmó que esta situación ha favorecido una acelerada degradación ambiental, con impactos sobre bosques, cuencas hidrográficas y territorios indígenas, además del fortalecimiento de redes vinculadas a la explotación ilegal de minerales.
La organización considera que cualquier estrategia orientada a recuperar el control del territorio debe incorporar medidas de protección ambiental, transparencia institucional, combate a la corrupción y garantías para las comunidades afectadas, además de una política integral que permita reconstruir la minería formal bajo estándares legales y ambientales.
