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Corte IDH realizará audiencia sobre el caso de Óscar Pérez y las muertes ocurridas en El Junquito

La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará este 17 de junio una audiencia pública sobre el caso relacionado con la muerte de siete personas durante el operativo realizado el 15 de enero de 2018 en el sector El Junquito, en Caracas, entre ellas el exfuncionario policial Óscar Pérez. La sesión se desarrollará en la sede del tribunal en San José, Costa Rica, y será transmitida de forma pública a través de los canales oficiales del organismo.

La audiencia examinará las denuncias presentadas por familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el procedimiento desplegado por organismos de seguridad del Estado venezolano.

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De acuerdo con información difundida por la ONG Foro Penal, representantes de la organización y del Robert F. Kennedy Human Rights expondrán ante los jueces los argumentos relacionados con las presuntas violaciones de derechos fundamentales cometidas durante el operativo.

Organizaciones sostienen que las víctimas intentaron entregarse

Según los representantes de las víctimas, el caso involucra posibles vulneraciones al derecho a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de Óscar Pérez, así como de Abraham Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez.

Las organizaciones que acompañan el caso sostienen que las víctimas habrían manifestado su intención de rendirse ante las autoridades antes de perder la vida durante el operativo, un elemento que forma parte de los argumentos que serán presentados ante la Corte.

Como parte de la audiencia también participará el investigador de Bellingcat, Giancarlo Fiorella, quien comparecerá en calidad de perito para presentar hallazgos derivados de investigaciones independientes sobre los acontecimientos registrados en El Junquito.

La decisión que eventualmente adopte la Corte podría tener relevancia para la determinación de responsabilidades internacionales del Estado venezolano y para el esclarecimiento de uno de los casos más controvertidos en materia de derechos humanos ocurridos en el país durante los últimos años.

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