El Instituto Casla hizo un llamado a preservar los centros de reclusión, instalaciones de inteligencia y otros espacios señalados por presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, con el objetivo de que sean utilizados como sitios de memoria, evidencia histórica y apoyo para futuras investigaciones judiciales.
La organización advirtió que la destrucción o transformación de estos lugares podría dificultar los procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
A través de un comunicado difundido desde Madrid, el instituto sostuvo que los espacios donde se habrían cometido detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas deben ser protegidos y documentados adecuadamente, en lugar de ser modificados o reconvertidos sin preservar su valor probatorio e histórico.
Experiencias internacionales respaldan la preservación de estos espacios
La organización argumentó que existen precedentes internacionales que demuestran la importancia de conservar lugares asociados a graves violaciones de derechos humanos. Entre los ejemplos mencionó el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina, Villa Grimaldi en Chile, Robben Island en Sudáfrica y el centro de detención Tuol Sleng en Camboya.
Según el Instituto Casla, estos espacios se han convertido en referentes mundiales para la construcción de memoria histórica, la educación sobre los riesgos del autoritarismo y la rendición de cuentas de los responsables de abusos. La organización considera que Venezuela debe avanzar en una dirección similar para preservar la verdad sobre los hechos denunciados.
Evidencia para investigaciones y reparación de las víctimas
El comunicado señala que una de las principales razones para conservar estos lugares es su valor como evidencia material en eventuales investigaciones nacionales e internacionales sobre violaciones de derechos humanos.
Asimismo, destaca que la preservación de estos espacios constituye una forma de reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares, quienes durante años han denunciado presuntos abusos cometidos en distintos centros de detención y organismos de seguridad. Organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias relacionadas con presuntas torturas y malos tratos en diversos centros penitenciarios y de inteligencia del país.
