Los familiares de la exjueza sostienen que la condena impuesta en 2020 ya fue cumplida y cuestionan que continúen vigentes restricciones que limitan sus derechos civiles y políticos.
Caracas.- La familia de la exjueza María Lourdes Afiuni solicitó a las autoridades venezolanas el cierre definitivo de la causa penal que se sigue en su contra, al considerar que han transcurrido 16 años desde el inicio del proceso judicial y que la condena impuesta en su caso ya fue cumplida. (Monitoreamos)
La petición se produce en medio del debate público generado por recientes medidas de excarcelación y revisión de casos vinculados a personas consideradas presos políticos por organizaciones nacionales e internacionales.
Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 luego de ordenar la libertad condicional del empresario Eligio Cedeño, una decisión que derivó en un proceso judicial ampliamente cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos. Su caso llegó a convertirse en uno de los expedientes más emblemáticos sobre independencia judicial en Venezuela. (Monitoreamos)
En 2020 fue condenada a cinco años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”, una figura cuya aplicación generó controversia entre juristas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Sin embargo, aun después del vencimiento de la pena, continúan vigentes medidas que restringen aspectos fundamentales de su vida pública y privada. (Monitoreamos)
De acuerdo con sus familiares, la exjueza permanece sometida a limitaciones para desplazarse fuera del país, participar en actividades políticas y expresarse públicamente, entre otras restricciones derivadas del proceso judicial.
Durante los últimos años, distintos organismos internacionales, entre ellos expertos de Naciones Unidas y organizaciones dedicadas a la defensa de la independencia judicial, han señalado el caso Afiuni como un referente de las presiones ejercidas sobre jueces y operadores de justicia en Venezuela.
La familia sostiene que el cierre del expediente representaría un paso necesario para poner fin a una situación que consideran prolongada y que ha tenido consecuencias personales, familiares y profesionales para la exmagistrada.
