La propuesta busca permitir la participación de empresas privadas en la generación, distribución y comercialización de electricidad, en medio de una prolongada crisis del sistema eléctrico venezolano.
Caracas.- La Asamblea Nacional aprobó este 2 de junio, en primera discusión, una reforma legal que plantea la apertura del sector eléctrico venezolano a la participación de empresas privadas, una medida que podría modificar de manera significativa el modelo de gestión energética vigente desde la consolidación de Corpoelec como operador estatal único del sistema.
De acuerdo con el proyecto presentado ante el Parlamento, compañías privadas, empresas mixtas y firmas con participación minoritaria del Estado podrían desarrollar actividades de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica mediante esquemas de concesión otorgados por el Ejecutivo nacional.
La propuesta surge en un contexto marcado por años de deterioro de la infraestructura eléctrica venezolana. Durante la última década, amplias regiones del país han enfrentado apagones prolongados, racionamientos, fluctuaciones de voltaje y fallas recurrentes que han afectado hogares, comercios, industrias, hospitales y centros educativos.
Especialmente en estados como Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Lara, Trujillo, Falcón y Nueva Esparta, los cortes eléctricos han sido una constante que organizaciones civiles, gremios empresariales y expertos han asociado al envejecimiento de la infraestructura, la falta de inversión sostenida, problemas operativos y la migración de personal técnico especializado.
La reforma discutida por el Legislativo contempla que las concesiones puedan extenderse hasta por 25 años, con posibilidad de prórrogas adicionales. Asimismo, el Ministerio con competencia en materia energética mantendría facultades regulatorias para supervisar operaciones, otorgar permisos y revocar concesiones en casos previstos por la ley.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la incorporación de un esquema tarifario orientado a reflejar los costos reales de prestación del servicio. Este planteamiento supone un cambio respecto al modelo de subsidios generalizados que ha caracterizado históricamente al sistema eléctrico venezolano.
Diversos especialistas han señalado que la recuperación integral del sistema requerirá inversiones multimillonarias para rehabilitar plantas termoeléctricas, modernizar redes de transmisión y distribución, sustituir equipos obsoletos y fortalecer la capacidad operativa del sector.
La discusión sobre la participación privada en el sector eléctrico ha estado presente durante años entre académicos, sindicatos y actores económicos, quienes han advertido que la magnitud de la crisis supera la capacidad de respuesta de los recursos actualmente disponibles.
El proyecto deberá avanzar ahora a una segunda discusión parlamentaria, etapa en la que podrían incorporarse modificaciones antes de una eventual aprobación definitiva. Mientras tanto, el debate se desarrolla en medio de las expectativas de millones de venezolanos que continúan enfrentando interrupciones frecuentes del servicio eléctrico y sus consecuencias sobre la vida cotidiana y la actividad económica del país.
