Washington D.C., 15 de mayo de 2026. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió este jueves la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela y condenó las muertes ocurridas bajo custodia estatal, señalando que continúan registrándose graves violaciones a los derechos humanos en el país.
En un pronunciamiento oficial, la CIDH expresó preocupación por la continuidad de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, incomunicación prolongada y negación de atención médica como mecanismos de represión y control político.
Según cifras citadas por la Comisión a partir de reportes de organizaciones de la sociedad civil, hasta abril de 2026 al menos 454 personas permanecían privadas de libertad por razones políticas en Venezuela. El organismo también indicó que al menos 18 detenidos han fallecido bajo custodia estatal, mencionando entre los casos a Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro, Alfredo Díaz y Víctor Hugo Quero Navas.
La CIDH cuestionó además el alcance de la llamada “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, promulgada en febrero de este año. Aunque fuentes oficiales aseguran que más de 8.000 personas fueron beneficiadas, organizaciones de derechos humanos sostienen que solo 186 obtuvieron libertad plena y que cientos de excarcelados continúan sometidos a restricciones judiciales y medidas cautelares.
El organismo también advirtió sobre la falta de separación de poderes en Venezuela luego de que Delcy Rodríguez anunciara el pasado 23 de abril el fin de la aplicación de la ley de amnistía, pese a los cuestionamientos sobre la competencia constitucional para revocar una normativa aprobada por la Asamblea Nacional.
“La privación arbitraria de la libertad por motivos políticos constituye una de las expresiones más graves del debilitamiento del Estado de Derecho”, señaló la Comisión, insistiendo en que las liberaciones parciales no eximen al Estado venezolano de sus obligaciones internacionales.
La CIDH reiteró además su solicitud de realizar una visita in loco a Venezuela para observar directamente la situación de derechos humanos y pidió a la comunidad internacional exigir condiciones que permitan elecciones libres, justas y transparentes en el país.
