El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que al menos 16 personas privadas de libertad fallecieron bajo custodia del Estado venezolano entre abril y la primera quincena de mayo de 2026, en distintos centros penitenciarios y calabozos del país.
La organización señaló que la cifra refleja el deterioro de las condiciones dentro del sistema penitenciario venezolano, marcado —según sus reportes— por hacinamiento, deficiencias médicas, violencia y falta de garantías para la protección de la vida de los reclusos.
Gregorio Antonio Arias, la más reciente víctima
El caso más reciente documentado por el OVP corresponde a Gregorio Antonio Arias, quien se encontraba recluido en la Comunidad Penitenciaria de Coro, en el estado Falcón.
Su fallecimiento se suma a otros registrados en centros penitenciarios como Rodeo III, Rodeo IV, Tocuyito, Uribana, Fénix Lara, El Marite y el Centro Penitenciario Judicial 26 de Julio, además de calabozos policiales en Anaco.
Entre las víctimas reportadas por la ONG figuran Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, José Ramón Yelamo Zárraga, Antonio José Manzano, José Espinales, Leonel Enrique Rodríguez Ramos y Willian Jonás Colina Delgado, entre otros.
Cinco muertes en Yare III siguen bajo cuestionamiento
El OVP también incluyó en su balance las cinco muertes registradas en el penal de Yare III, en el estado Miranda, ocurridas durante hechos que las autoridades calificaron como un presunto motín.
Las víctimas fueron identificadas como Keivin Eduardo Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios.
Sin embargo, familiares de algunos reclusos denunciaron públicamente que los cuerpos presentaban heridas por arma de fuego, lo que ha incrementado las exigencias de investigaciones independientes sobre lo ocurrido.
Denuncias sobre violaciones al derecho a la vida
La organización defensora de derechos humanos sostuvo que estos hechos evidencian presuntas violaciones al artículo 43 de la Constitución venezolana, el cual establece que el Estado debe garantizar la vida de las personas privadas de libertad.
“Detrás de esta cifra hay hombres que enfermaron sin atención médica, presos que murieron en calabozos y penales hacinados, familias obligadas a costear medicamentos, alimentos e insumos”, advirtió el OVP en su pronunciamiento.
Asimismo, la ONG aseguró que continuará documentando estos casos ante organismos internacionales de protección de derechos humanos, incluyendo el sistema interamericano y universal.
