Tres exfuncionarios de la Policía de Chacao expusieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) las presuntas torturas, detenciones arbitrarias y prolongadas reclusiones que aseguran haber sufrido en El Helicoide, sede del SEBIN señalada durante años por organizaciones internacionales por denuncias de malos tratos y violaciones a derechos humanos.
El caso, identificado como “Chirinos Salamanca y otros vs. Venezuela”, aborda la situación de 14 funcionarios de Polichacao detenidos entre 2016 y 2018 tras el asesinato del periodista Ricardo Durán. Durante la audiencia del 189.º período de sesiones de la Corte IDH, las víctimas sostuvieron que fueron encarceladas sin pruebas suficientes y mantenidas bajo custodia incluso después de que tribunales venezolanos emitieran órdenes de excarcelación.
Fred Armando Mavares Zambrano, Ángel Alfonso Sánchez Blanco y Venus Medina relataron condiciones de hacinamiento extremo, presiones para admitir hechos que negaban haber cometido y episodios de violencia física y psicológica dentro de El Helicoide. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos funcionarios permanecieron presos hasta dos años pese a decisiones judiciales que ordenaban su libertad.
La representación de las víctimas, encabezada por organizaciones como Defiende Venezuela y la abogada Andrea Santacruz, argumentó ante el tribunal regional que el caso ocurrió en un contexto de persecución contra funcionarios policiales vinculados al municipio Chacao, históricamente identificado con sectores opositores.
El Helicoide vuelve al centro del debate internacional
La audiencia marca uno de los procesos más relevantes sobre denuncias ocurridas dentro de El Helicoide, un centro de detención que ha sido mencionado en informes de la ONU y organismos internacionales por presuntas prácticas de tortura, incomunicación y detenciones arbitrarias.
La Comisión Interamericana ya había concluido previamente que el Estado venezolano podría ser responsable por violaciones a la libertad personal, integridad física y garantías judiciales de los exfuncionarios detenidos. Entre los elementos señalados figuran la negativa de cuerpos de seguridad a ejecutar boletas de excarcelación y denuncias de tortura para obtener confesiones forzadas.
Un caso clave para el sistema interamericano
El proceso también ocurre en un contexto relevante para el sistema regional, luego de que la Corte IDH ratificara en 2025 que mantiene competencia para conocer casos sobre Venezuela relacionados con hechos ocurridos mientras el país seguía adscrito a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La audiencia continuará con la evaluación de pruebas, testimonios y alegatos antes de una eventual sentencia del tribunal regional.
