Washington D.C., 6 de mayo de 2026.– El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará este miércoles una sesión centrada en la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, en medio de nuevas denuncias sobre torturas, desapariciones forzadas de corta duración, aislamiento prolongado y violaciones sistemáticas al debido proceso.
La reunión, prevista en la sede de la OEA en Washington D.C., fue solicitada por la Misión Permanente de Argentina y contará con la participación del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón Orellana. El encuentro busca actualizar a los Estados miembros sobre el deterioro de las condiciones de detención y las denuncias recientes documentadas por organizaciones venezolanas e internacionales de derechos humanos.
El debate ocurre en un contexto marcado por denuncias sobre la reactivación del denominado “efecto puerta giratoria”, una práctica señalada por ONG y familiares de detenidos que consiste en excarcelar parcialmente a algunos presos políticos mientras continúan nuevas detenciones arbitrarias y procesos judiciales sin garantías.
De acuerdo con el más reciente balance de Foro Penal, actualizado al 27 de abril de 2026, actualmente existen al menos 454 presos políticos en Venezuela. Del total, 410 son hombres y 44 mujeres; 186 corresponden a militares y 268 a civiles. La organización también advierte que 290 personas permanecen privadas de libertad sin condena firme y que en al menos dos casos se desconoce el paradero de los detenidos.
Las cifras reflejan además la persistencia de un patrón represivo que continúa siendo documentado desde hace más de una década. Foro Penal sostiene que desde 2014 se han registrado más de 18.000 detenciones por motivos políticos en el país y que más de 9.000 personas continúan sujetas a medidas restrictivas de libertad aun después de haber sido excarceladas.
En las últimas semanas, familiares y organizaciones han denunciado nuevas desapariciones forzadas temporales, incomunicación prolongada, restricciones para designar abogados privados y negación de atención médica en centros de reclusión como El Helicoide, Rodeo I y sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), señaladas reiteradamente por organismos internacionales por presuntos tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La discusión en la OEA también se produce luego de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtiera que el aparato represivo venezolano “permanece intacto”, pese a anuncios de excarcelaciones y medidas de amnistía impulsadas durante 2026. Diversas organizaciones consideran que las liberaciones han sido discrecionales y sin garantías plenas de restitución de derechos.
Se espera que la sesión derive en nuevos pronunciamientos y mecanismos de presión diplomática para exigir la liberación inmediata de los presos políticos, el cese de las desapariciones forzadas y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos y debido proceso.
