Organizaciones de pensionados y jubilados venezolanos presentaron una denuncia formal ante instancias internacionales para visibilizar la situación que enfrenta la población adulta mayor, tanto dentro como fuera del país.
El informe, consignado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Corte Penal Internacional (CPI) y otras instancias, documenta lo que califican como una vulneración sistemática de derechos fundamentales.
El documento fue introducido por el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, junto con la Asociación de Pensionados y Jubilados venezolanos en Valencia, España (PEJUVEVAL), quienes advierten que más de cinco millones de personas se encuentran afectadas por condiciones económicas que limitan su acceso a alimentación, salud y bienestar básico.
Según el informe, desde 2013 se ha registrado una política sostenida de deterioro del sistema de pensiones. En ese contexto, se señala que el monto base del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) permanece congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, una cifra que, de acuerdo con los denunciantes, equivale actualmente a menos de un dólar y no cuenta con mecanismos de ajuste frente al costo de vida.
Además, las organizaciones reportaron la suspensión del pago de pensiones a más de 30 mil beneficiarios en el exterior desde 2016, situación que —afirman— contraviene acuerdos internacionales suscritos por el Estado venezolano.
“El silencio institucional frente a esta tragedia equivale a complicidad. Lo que ocurre en Venezuela con los adultos mayores no es pobreza: es una forma de violencia estructural y un exterminio silencioso”, señalaron voceros de las organizaciones en el documento presentado.
Solicitudes ante la comunidad internacional
El informe también incluye una serie de peticiones dirigidas a los organismos internacionales, entre ellas un pronunciamiento público sobre la situación, la implementación de mecanismos de verificación y la adopción de medidas de protección para las personas afectadas.
Las organizaciones solicitaron, además, que se inste al Estado venezolano a ajustar las pensiones conforme al costo de la canasta básica y a garantizar condiciones mínimas de vida digna para este sector de la población.
