El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó este 28 de abril sobre el traslado de más de 600 personas privadas de libertad desde el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda, hacia distintos recintos en Aragua, Carabobo, Guárico y Lara, en un procedimiento que calificó como irregular y sin información oficial suficiente.
A través de una publicación en la red social X, la organización señaló que estos movimientos se habrían realizado de forma “arbitraria” y advirtió que podrían estar relacionados con una presunta intención de “borrar evidencias y obstaculizar investigaciones” vinculadas a los hechos violentos registrados recientemente en ese centro penitenciario.
El OVP recordó que, hasta la fecha, las cinco muertes reportadas en Yare III continúan sin esclarecimiento público. Asimismo, cuestionó la falta de pronunciamiento por parte del Ministerio para el Servicio Penitenciario, así como la ausencia de acciones visibles del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Sin listado oficial ni información para familiares
Uno de los principales señalamientos de la organización es la inexistencia de un listado oficial de las personas trasladadas, lo que ha generado incertidumbre entre los familiares, quienes desconocen el paradero y estado de salud de sus allegados.
De acuerdo con el OVP, algunos internos han logrado comunicarse para informar su ubicación, pero otros permanecen incomunicados, lo que agrava la angustia de sus familiares.
Ante esta situación, la ONG exigió a las autoridades la publicación inmediata de la lista completa de trasladados, así como garantías para el acceso a información clara y oportuna sobre la condición de los detenidos.
Impacto en las familias y condiciones del sistema penitenciario
La organización también advirtió sobre las consecuencias económicas y logísticas que estos traslados implican para los familiares, quienes deberán recorrer largas distancias para poder visitar a los reclusos, asumiendo gastos adicionales de transporte, alimentación y hospedaje.-
A esto se suma la preocupación por las condiciones de los centros de reclusión a los que fueron enviados, señalados por presentar altos niveles de hacinamiento, lo que podría incrementar los riesgos para la salud e integridad física de la población penitenciaria.
