Las reservas internacionales de Venezuela se ubican en 13.600 millones de dólares, según cifras oficiales del Banco Central. Dentro de este monto, el ente emisor incorpora aproximadamente 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) correspondientes al Fondo Monetario Internacional (FMI), recursos a los que el país aún no ha accedido plenamente.
Estos DEG forman parte de los activos de reserva internacional, pero su disponibilidad efectiva depende de decisiones y procesos dentro del propio organismo multilateral.
En paralelo, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ha solicitado formalmente al FMI la activación de estos fondos, argumentando que serían destinados a áreas como infraestructura, servicios básicos y estabilización económica. 
Este movimiento ocurre en un contexto de reanudación de relaciones entre Venezuela y el FMI, tras años de suspensión desde 2019, lo que abre la puerta a nuevas fuentes de financiamiento internacional y asistencia técnica.
Por otro lado, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración asumiría el control del proceso político “hasta garantizar una transición segura”. En esa línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado un esquema de tres fases: estabilización, recuperación y transición.
Según lo expuesto por Rubio, los ingresos provenientes del sector petrolero serían gestionados bajo un esquema orientado a beneficiar a la población, evitando su uso en redes de corrupción asociadas al antiguo régimen.
Este escenario marca un punto de inflexión en la gestión económica del país, donde el acceso a recursos internacionales y la administración de ingresos petroleros se convierten en elementos centrales de la transición en curso.
