En medio del debate sobre una salida electoral en Venezuela, la propuesta de un Estatuto Electoral Especial coloca en el centro la necesidad de reinstitucionalizar el poder electoral como condición previa a cualquier proceso de votación. Durante el conversatorio titulado “¿Deben los ciudadanos y las ONG hablar de elecciones?”, Mercedes De Freitas insistió en que no se trata únicamente de convocar elecciones, sino de reconstruir el sistema que las organiza, actualmente cuestionado por su falta de independencia y por su subordinación a intereses partidistas.
El planteamiento parte de la creación de un marco normativo transitorio, que puede adoptar la forma de estatuto, decreto o acuerdo político, pero que necesariamente debe surgir de un entendimiento entre quienes hoy ejercen el poder y los sectores de oposición. Este instrumento tendría como objetivo establecer reglas mínimas para un proceso electoral creíble, comenzando por la transformación del órgano electoral en todos sus niveles.
La propuesta subraya que la reinstitucionalización del poder electoral no se limita al nombramiento de nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral, sino que implica una reconfiguración integral de su estructura, incluyendo órganos subalternos, equipos técnicos, direcciones de línea e instancias regionales. El objetivo es desmontar el control partidista que, según lo expuesto, ha condicionado el funcionamiento del sistema, y garantizar un órgano con independencia, capacidad técnica y apertura a todos los actores políticos que deseen participar. En este marco, se enfatiza la necesidad de eliminar restricciones a candidatos, como parte de la construcción de condiciones reales de competencia.
Un segundo eje prioritario dentro del Estatuto Electoral Especial se centra en el registro electoral, considerado un elemento clave para la legitimidad del proceso. Se plantea que este debe tener carácter continuo, tal como lo establece la legislación venezolana. No obstante, se reconoce que, aunque el escenario ideal implicaría una jornada amplia de actualización e inscripción en los 335 municipios del país, el estatuto busca evitar que estos procesos se conviertan en un obstáculo para una elección en el corto plazo.
En este contexto, se sostiene que la posibilidad de celebrar elecciones en el mismo año sería factible, siempre que las decisiones necesarias se adopten de manera oportuna. A su vez, se destaca la importancia de incorporar al electorado en el exterior, planteando alternativas para su inscripción como el uso del pasaporte u otros mecanismos de identificación. Asimismo, se propone la realización de una auditoría integral del registro electoral, con participación de actores políticos diversos, como una medida orientada a fortalecer la confianza en el padrón.
La viabilidad de este esquema está condicionada por la posibilidad de alcanzar un acuerdo político, cuya concreción no se da por sentada. Se reconoce que su materialización dependerá, en buena medida, de niveles de presión tanto nacional como internacional, incluyendo el rol de actores externos en la generación de condiciones que permitan la adopción de este marco normativo.
En paralelo, durante el espacio de discusión, se introdujo un elemento central: la necesidad de movilización de la sociedad civil. Se planteó que transformar el país no dependerá únicamente del mundo político —al que se debe invitar, promover o presionar para alcanzar acuerdos—, sino también de la participación activa de la ciudadanía, tanto dentro como fuera de Venezuela, en la exigencia de elecciones.
Bajo esta lógica, se sostiene que solo a través de un proceso electoral se podría transformar la actual estructura y avanzar hacia un país que recupere la confianza, impulse el desarrollo, proteja a la población y atienda problemáticas como la existencia de presos políticos y las condiciones de vida marcadas por ingresos precarios. En este contexto, se reafirma que cualquier transformación de fondo requiere la construcción de una estructura política legítima, capaz de sostener cambios reales en el país.
En conjunto, lo expuesto en el conversatorio apunta a una idea transversal: el Estatuto Electoral Especial no se limita a definir una elección, sino que plantea la reconstrucción de las condiciones institucionales, técnicas y sociales necesarias para que ese proceso tenga capacidad real de generar cambios.
