Caracas, 10 de abril de 2026.
El partido político Vente Venezuela emitió este viernes un comunicado en el que sostiene que en el país existe una “ausencia absoluta en la Presidencia de la República” y urge la restitución del orden constitucional mediante la convocatoria inmediata de elecciones presidenciales.
La organización argumenta que la situación deriva de la ilegitimidad de Nicolás Maduro tras los comicios del 28 de julio de 2024, así como de su posterior salida del territorio venezolano y proceso judicial en Estados Unidos. En este contexto, advierte que el país enfrenta un escenario que debe resolverse estrictamente conforme a la Constitución. 
En su pronunciamiento, Vente Venezuela cuestiona la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalando que el órgano habría construido una figura inexistente —la denominada “ausencia forzosa”— para evitar activar los mecanismos constitucionales que obligan a definir la situación de la jefatura del Estado.
De acuerdo con el texto, esta interpretación se aparta de lo establecido en los artículos 233 y 234 de la Constitución, que regulan las faltas absolutas y temporales del presidente. En particular, el artículo 233 establece que, ante una falta absoluta durante los primeros años del mandato, deben convocarse nuevas elecciones en un plazo de 30 días.
El comunicado también cuestiona la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, al considerar que se trata de una decisión sin base constitucional clara y que evade la obligación de restituir la soberanía popular mediante el voto.
Este planteamiento se produce en medio de un creciente debate nacional e internacional sobre la legitimidad institucional en Venezuela. Diversos sectores han advertido que la figura utilizada por el TSJ no está contemplada en la Constitución y ha servido para evitar una definición jurídica que obligaría a convocar elecciones.
Vente Venezuela sostiene que ya han transcurrido más de 90 días desde la ausencia del mandatario, superando el lapso previsto para una falta temporal, lo que —a su juicio— consolida la existencia de una falta absoluta que no puede seguir siendo ignorada por las instituciones.
“El país no puede permanecer en una situación de indefinición institucional”, advierte el documento, que insiste en la necesidad de que se active el mecanismo constitucional que devuelva la decisión a los ciudadanos.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la comunidad nacional e internacional a exigir el cumplimiento de la Constitución y evitar la consolidación de un esquema que, según denuncian, perpetúa el control político al margen del orden legal.
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