El caso de una adolescente de 16 años acusada de terrorismo vuelve a encender alertas sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal juvenil en Venezuela, luego de que un tribunal negara la aplicación de la Ley de Amnistía sin ofrecer una justificación clara.
La decisión fue emitida el pasado 16 de marzo de 2026 por el Tribunal de Juicio del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente con competencia en terrorismo, que resolvió no conceder el beneficio en el caso de Samantha Hernández, pese a tratarse de una menor de edad.
Más allá del expediente penal, el caso plantea un debate de fondo: una adolescente enfrentando al aparato del Estado sin garantías claras de protección ni motivación suficiente en la sentencia.
De acuerdo con el abogado y especialista en derechos de la niñez, Carlos Trapani, la amnistía “no es una opción discrecional del juez”, sino una figura jurídica de aplicación obligatoria cuando se cumplen las condiciones establecidas en la ley. En ese sentido, advirtió que la decisión judicial omite un análisis esencial: determinar si el caso encaja o no dentro del alcance de la norma.
“Ese análisis es básico. Sin embargo, la sentencia no lo realiza”, señaló Trapani, quien también cuestionó que el fallo no explique por qué se niega un derecho contemplado en la legislación vigente.
El abogado también alertó sobre el uso de la categoría de terrorismo como argumento para excluir la aplicación de la amnistía. Según explicó, la ley no excluye delitos por su denominación, sino por su naturaleza, lo que obligaría al tribunal a desarrollar una argumentación más precisa.
Pero el elemento más delicado, subraya, es la condición de la acusada: una adolescente. En el sistema penal juvenil, recuerda, el enfoque no está orientado al castigo, sino a la protección, la educación y la reintegración.
“Esto no es un dato secundario. Cambia completamente el estándar jurídico”, afirmó.
Organizaciones y expertos han advertido que decisiones de este tipo pueden representar fallas estructurales en la administración de justicia, especialmente cuando se omiten principios como la interpretación más favorable a los derechos humanos o el interés superior del niño.
En este contexto, la negativa de amnistía deja más preguntas que respuestas:
no solo sobre la legalidad de la decisión, sino sobre las garantías reales que tiene una adolescente en Venezuela cuando enfrenta un proceso penal de alta gravedad.
