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Equipo legal vinculado a la AN de 2015 pide pausa judicial para unificar representación del Estado con autoridades interinas y defender CITGO en EE. UU.
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Equipo legal vinculado a la AN de 2015 pide pausa judicial para unificar representación del Estado con autoridades interinas y defender CITGO en EE. UU.

El equipo legal vinculado a la Asamblea Nacional de 2015 solicitó ante una corte federal de Estados Unidos la suspensión temporal de varios litigios relacionados con activos del Estado venezolano, con el objetivo de reorganizar su estrategia y avanzar hacia una defensa jurídica unificada junto a las autoridades interinas.

La solicitud, presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, plantea una pausa de 45 días para permitir la coordinación entre los distintos actores que han venido ejerciendo representación sobre los intereses de Venezuela en el exterior, en un contexto marcado por cambios recientes en el reconocimiento internacional de autoridades.

En el centro de esta maniobra se encuentra la defensa de activos estratégicos como CITGO, filial de PDVSA en Estados Unidos, que enfrenta múltiples litigios por parte de acreedores internacionales y cuya protección depende, en buena medida, de la claridad sobre quién ostenta la representación legítima del Estado venezolano ante las cortes estadounidenses.

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El equipo legal argumenta que la suspensión permitiría garantizar una representación “continua y coherente”, evitando decisiones fragmentadas que puedan debilitar la posición del país en procesos judiciales complejos. Asimismo, plantea que este período facilitaría la designación de una representación legal definitiva, capaz de formalizar ante el tribunal las delegaciones de autoridad correspondientes.

El movimiento ocurre tras el reconocimiento por parte de Estados Unidos de nuevas autoridades con capacidad para actuar en nombre del Estado venezolano en instancias judiciales, lo que ha reconfigurado el tablero legal y ha generado tensiones sobre la legitimidad de la vocería en litigios internacionales.

En ese sentido, la solicitud no solo responde a una necesidad técnica, sino también a un intento de reordenar la estrategia de defensa del patrimonio estatal en el exterior, en un escenario donde la fragmentación de representaciones podría traducirse en riesgos concretos sobre activos clave.

El documento también señala que algunos demandantes no se oponen a la suspensión, siempre que esta no afecte procedimientos específicos en curso, lo que abre espacio para una pausa negociada dentro del propio proceso judicial.

La decisión final queda ahora en manos de la corte estadounidense. De ser aprobada, la medida podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se articula la defensa de los activos venezolanos en el extranjero, en particular en casos de alto impacto como el de CITGO.

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