El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó a Delcy Rodríguez de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que implica el levantamiento de las sanciones financieras que pesaban sobre la actual presidenta encargada de carácter fáctico en Venezuela.
La medida, ejecutada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), permite a Rodríguez recuperar acceso al sistema financiero internacional vinculado a Estados Unidos, así como la posibilidad de realizar transacciones, inversiones y desplazamientos que anteriormente estaban restringidos.
Rodríguez, quien asumió funciones tras la captura de Nicolás Maduro y en medio de un esquema institucional no previsto expresamente en la Constitución, reaccionó al anuncio calificándolo como “un paso en la dirección correcta” hacia la normalización de las relaciones bilaterales.
“Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país”, expresó en sus redes sociales, al tiempo que insistió en la necesidad de construir una agenda de cooperación entre ambas naciones.
Un movimiento con implicaciones económicas y políticas
La inclusión en la lista SDN implicaba un bloqueo total de activos en territorio estadounidense, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de transacción con empresas o ciudadanos de ese país.
Su eliminación marca un cambio relevante en el esquema de sanciones, en un momento en el que Washington ha comenzado a flexibilizar algunas restricciones vinculadas al sector energético venezolano y a la inversión extranjera.
En paralelo, se han registrado avances en la reactivación de relaciones diplomáticas y en la autorización de operaciones para empresas internacionales interesadas en el mercado petrolero venezolano.
Apertura económica en medio de un escenario institucional incierto
Desde Caracas, Rodríguez ha impulsado un discurso orientado a atraer inversión extranjera, ofreciendo garantías jurídicas y condiciones para la reactivación de distintos sectores productivos, en especial el energético.
Este giro ocurre en un contexto marcado por una reconfiguración del poder tras la salida de Maduro, y mientras persisten cuestionamientos sobre la base constitucional del actual esquema de gobierno.
Entre sanciones y legitimidad
Aunque el levantamiento de sanciones representa un alivio financiero y un gesto político por parte de Estados Unidos, no resuelve el debate de fondo sobre la legitimidad institucional en Venezuela.
Sectores políticos y sociales continúan exigiendo la activación de mecanismos constitucionales que permitan una transición basada en elecciones.
Por ahora, el movimiento del Tesoro abre una nueva etapa en la relación bilateral.
Pero el escenario interno sigue marcado por una tensión no resuelta entre reconocimiento de facto y exigencia de legitimidad democrática.




